La Fundación Disenso, entidad presidida por Santiago Abascal, ha publicado su Informe N.º 30, titulado «Inmigración, criminalidad y seguridad de las mujeres«, una investigación que se apoya en fuentes de la Generalitat y datos de los Mossos d’Esquadra que revela cómo Cataluña se ha convertido en una de las Comunidades Autónomas con mayor volumen, densidad y concentración de delincuencia sexual perpetrada por población de origen extranjero.
A lo largo del año evaluado, 60,3% de todas las personas que fueron detenidas o investigadas por los Mossos d’Esquadra y el resto de los cuerpos de seguridad del Estado por delitos de agresión sexual en Cataluña eran extranjeros. Esta cifra confirma que la ratio de sobrerrepresentación delictiva de los extranjeros en el ámbito sexual supera ampliamente su peso proporcional real en el censo de habitantes de la comunidad autónoma.
En Cataluña, los presos extranjeros representan un 51,6% del total en 2024 (4437 de 8594). En total, la ratio de sobrerrepresentación en el ámbito penitenciario es de 2.3-2,4 veces el peso de los extranjeros en la población. El informe analiza también la situación de la delincuencia en Barcelona, recurriendo a los datos facilitados por la propia Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña.
En el desglose de las intervenciones y detenciones practicadas por la policía en el núcleo urbano, el porcentaje de ciudadanos extranjeros interceptados ascendió al 91% en el caso de la comisión de hurtos y al 83,5% en lo referente a los delitos de robo con violencia o intimidación en la vía pública. Además, Cataluña llegó a registrar jornadas donde el 72% de la totalidad de los expedientes de detención correspondían a personas nacidas fuera de España.
A través del análisis cruzado con el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) de la Universidad de Georgetown, el estudio demuestra que nacionalidades con un fuerte y arraigado asentamiento demográfico en el censo catalán, como la magrebí, proceden de sociedades y culturas donde la posición social de la mujer, sus libertades públicas y sus derechos fundamentales están estructuralmente comprometidos y registran altos índices de violencia comunitaria.
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