El frente autonómico contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez gana tracción en los tribunales. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes. Esta decisión judicial da oxígeno a los argumentos de las comunidades que exigen frenar lo que consideran un plan desmedido.
La iniciativa de Castilla y León no es un hecho aislado en el mapa político español. Se suma a los recursos ya interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón, configurando una triple ofensiva institucional de calado. Los gobiernos autonómicos comparten la preocupación por el impacto social y económico de una norma aprobada de espaldas a los territorios.
Desde la Junta de Castilla y León defienden que existen motivos jurídicos sólidos para tumbar el real decreto del Ejecutivo central. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha cuestionado abiertamente la legalidad de la norma. El principal argumento radica en la falta de justificación técnica para un proceso de estas características.
El malestar autonómico se ha agudizado tras conocerse el verdadero alcance del plan de Moncloa. Aunque las previsiones iniciales del Ministerio situaban los beneficiarios en torno al medio millón de personas, la cifra real se ha disparado. Los cálculos actuales estiman que el proceso afectará a más de 1,1 millones de inmigrantes.
La falta de planificación del Ministerio del Interior y de Seguridad Social resulta evidente para las regiones afectadas. El Ejecutivo no ha analizado ni fundamentado los efectos que este incremento demográfico tendrá sobre los servicios públicos locales. La comunidad más afectada por el volumen de regularizaciones será Cataluña, que lidera la lista con más de 257.000 personas.
Los servicios jurídicos de las autonomías gobernadas por el centro-derecha critican la rebaja en los niveles de exigencia legal. El nuevo texto diluye los requisitos históricos de arraigo y de acreditación de residencia efectiva en España. Tampoco se exige una actividad laboral comprobada, lo que rompe de forma radical con el modelo migratorio anterior.
A esta flexibilización de las normas se añade la total ausencia de cogobernanza por parte del Ministerio. El Gobierno central ha evitado deliberadamente la participación de las comunidades en el diseño de la medida. Esta actitud obvia que serán precisamente las administraciones autonómicas y locales quienes soporten la presión presupuestaria y asistencial directa.
La compatibilidad de esta regularización exprés con el marco legal de la Unión Europea es otro de los puntos críticos. El recurso advierte que la medida choca frontalmente con los compromisos de control de fronteras asumidos por España ante Bruselas. La política de hechos consumados de Moncloa arriesga la credibilidad del país en materia de política migratoria comunitaria.
La vía judicial emprendida coincide con la propuesta del propio Tribunal Supremo de elevar una cuestión prejudicial ante la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá dirimir si el real decreto vulnera el derecho comunitario. Este escenario sitúa la gestión migratoria de la izquierda española bajo la lupa directa de las instituciones de la Unión.
Ante la previsible tardanza de la resolución europea, el Gobierno de Aragón ha exigido la suspensión cautelar inmediata del proceso. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, defiende que la prudencia exige congelar los trámites administrativos de forma urgente. Las comunidades advierten que revertir los efectos de un millón de regularizaciones una vez otorgadas generará una inseguridad jurídica sin precedentes.
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