La política de gestos de la izquierda suele chocar tarde o temprano con la cruda realidad de la gestión. El último ejemplo lo protagoniza el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha abierto la puerta a dar un sorprendente paso atrás en las autopistas catalanas. El líder del PSC ha pedido formalmente una «reflexión» en el Parlament sobre la eliminación de los peajes, sugiriendo que la medida estrella de hace unos años fue un error colectivo, tras décadas de quejas separatistas por el hecho de tener que pagar por circular por autopista. Recordemos el lema «Cataluña libre de peajes», que ha demostrado ser un error.
Esta rectificación no ha tardado en traducirse en planes concretos por parte de su equipo de confianza. El secretario de Movilidad, Manel Nadal, ha confirmado el interés del Gobierno autonómico por recuperar las vías de pago en un horizonte muy cercano. Según los planes del Ejecutivo catalán, el nuevo sistema de cobro podría estar plenamente operativo en apenas dos o tres años si se logra el consenso político necesario.
El argumento principal del Govern para este viraje es el colapso circulatorio que sufren las principales arterias viales desde que se levantaron las barreras en 2021. La gratuidad de grandes ejes como la AP-7 ha masificado el tráfico, generando retenciones diarias y problemas de seguridad. La Generalitat admite ahora que el antiguo sistema de pago distribuía de manera mucho más eficiente el tránsito de vehículos pesados.
Además de la saturación del tráfico, las arcas públicas se enfrentan al millonario coste que supone el mantenimiento de las carreteras. La falta de ingresos directos ha acelerado el deterioro del asfalto de las autopistas, evidenciando los límites del modelo público. El Ejecutivo socialista constata que la gratuidad total ha terminado siendo insostenible para garantizar unos estándares mínimos de conservación.
Sin embargo, la Generalitat no quiere asumir en solitario el coste político de reinstaurar los peajes y busca blindarse ante las previsibles críticas de los conductores. Desde la conselleria de Territori se exige que la medida se aplique de forma homogénea en todo el territorio nacional. El Govern considera incomprensible que los transportistas circulen gratis por el resto de España y tengan que pagar exclusivamente al cruzar la frontera catalana.
Para que este plan salga adelante, Salvador Illa necesitará la autorización expresa del Ministerio de Transportes en las vías que dependen del Estado. La negociación con Madrid se anticipa compleja, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado hasta ahora abordar este debate espinoso a nivel nacional. La sintonía política entre ambos ejecutivos socialistas se pondrá a prueba con una patata caliente que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos.
Respecto al modelo de cobro, el Departamento de Movilidad ya ha descartado opciones obsoletas que no cuentan con el visto bueno de las instituciones europeas. El sistema de la viñeta suiza, basado en una tarifa plana anual, no se contempla porque la Unión Europea ha fijado su fecha de caducidad para el año 2032. El PSC prefiere evitar soluciones provisionales que obliguen a cambiar el marco normativo a medio plazo.
La alternativa técnica con más fuerza sobre la mesa es el sistema de arcos inteligentes que ya funciona con éxito en países como Portugal. Este mecanismo utiliza cámaras de alta velocidad para registrar la matrícula de los vehículos a la entrada y salida de la vía de alta capacidad. El cobro se realiza de forma automática y digital, evitando las tradicionales colas físicas que generaban las antiguas cabinas.
A pesar de la impopularidad de la medida, el Govern asegura que existe una mayoría silenciosa en el Parlament que asume el error de la liberalización total. Las conversaciones preliminares apuntan a que los partidos de la oposición catalana ven viable el retorno al pago por uso. Los socialistas confían en que el pragmatismo económico se imponga al discurso populista que dominó el debate parlamentario en la pasada legislatura.
La hoja de ruta de la Generalitat no se limitará únicamente a la conflictiva autopista del Mediterráneo. El plan definitivo aspira a implantar las tarifas automáticas en la AP-2, los ejes pirenaicos, el Eix Transversal y el resto de las vías de alta capacidad de la comunidad autónoma. Cataluña se prepara de este modo para revertir una de las decisiones más celebradas de los últimos tiempos, confirmando el fracaso de la gratuidad universal.
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