El Ejecutivo autonómico catalán y Esquerra Republicana han cerrado un acuerdo para modificar el marco legal e impulsar la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. El nuevo organismo público, según ha informado EFE, nace con la indisimulada vocación de intervenir desde Barcelona en la gestión y las decisiones estratégicas del Aeropuerto de El Prat. La medida supone una nueva cesión ante las exigencias del nacionalismo en plenas negociaciones económicas.
La reforma no se tramitará mediante un proyecto de ley independiente, un camino que habría exigido un debate parlamentario más transparente y riguroso. Los socios de conveniencia han preferido introducir la medida por la puerta de atrás a través de una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos. El pacto presupuestario, cerrado el pasado mes de mayo, se convierte así en el vehículo ideal para este peaje identitario.
El propósito explícito de esta nueva estructura burocrática consiste en centralizar todas las competencias que el Estatuto de Autonomía reconoce en materia aeroportuaria. Bajo este paraguas legal, el nacionalismo busca una plataforma institucional para presionar al Ejecutivo central. La creación de entes redundantes vuelve a ser la receta elegida para contentar los anhelos de control territorial de Esquerra.
La hoja de ruta que diseñará este nuevo organismo incluye planes para una supuesta mejora de la movilidad interna mediante el transporte ferroviario. El proyecto pretende conectar las principales infraestructuras aeroportuarias de Cataluña a través de la red de trenes. Una declaración de intenciones que choca con la deficiente gestión que la propia Generalitat demuestra a diario en los servicios de transportes públicos que ya dependen de su competencia.
La gran incógnita que el propio Govern es incapaz de aclarar es cómo este nuevo chiringuito influirá realmente en la gobernanza de El Prat. El aeropuerto barcelonés se rige por criterios de rentabilidad y conectividad global que exceden los límites del debate localista. Sin embargo, la Generalitat insiste en buscar fórmulas de asfixia administrativa sobre las competencias estatales.
El plan del Ejecutivo catalán pasa por condicionar las decisiones de Aena utilizando la participación del Estado como elemento de coacción. El sector público mantiene el cincuenta y uno por ciento del capital de la compañía aeroportuaria, frente al cuarenta y nueve por ciento restante en manos de inversores privados. El socialismo catalán acepta el marco mental de ERC, que ve en las empresas semipúblicas herramientas de ingeniería política y no motores económicos.
La puesta en marcha de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña está programada para el primero de enero de dos mil veintisiete. Hasta entonces, los técnicos de la administración autonómica deberán concretar las funciones de un organismo que amenaza con generar duplicidades. La creación de empleo público y de puestos de confianza vuelve a priorizarse frente a la eficacia que demanda el tejido empresarial catalán.
La patronal y los sectores económicos han exigido de forma reiterada la ampliación de El Prat para garantizar la competitividad de Cataluña en el exterior. Frente a estas reclamaciones de crecimiento real, la izquierda prefiere apostar por la parálisis que suponen los comités de vigilancia ideológica. La prioridad ya no es atraer inversiones y grandes rutas internacionales, sino decidir quién manda en los despachos de la infraestructura.
Este pacto vuelve a evidenciar la debilidad de un socialismo catalán sumiso que necesita el oxígeno de los republicanos para sostener su gobernabilidad. La gestión de las grandes infraestructuras españolas se fragmenta para satisfacer las exigencias de supervivencia de los actuales inquilinos de la Generalitat. El interés general de los usuarios y de la economía nacional se subpedita a las cuotas de poder regional.
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