El Ayuntamiento de Girona aprueba este viernes su nueva estructura de gobierno en un pleno extraordinario convocado a toda prisa. El alcalde, Lluc Salellas, ha logrado sacar adelante la reorganización municipal gracias a una calculada abstención del grupo socialista. La maniobra se ha vuelto imprescindible tras la sonada ruptura del ejecutivo local registrada a mediados de julio. La salida de los concejales de Junts dejó al equipo de gobierno en una frágil minoría de once ediles, sumando los efectivos de Guanyem (CUP) y Esquerra Republicana.
Con este escenario de debilidad, el PSC no ha tardado en acudir al rescate de la izquierda radical para evitar el parón institucional y así preparar un posible tripartito separatista-populista junto a ERC y CUP. La formación socialista permite así la aprobación del cartapacio a cambio, teóricamente, de una serie de compromisos programáticos redactados para la ocasión, pero la realidad es preparar el camino para un posible pacto tras las municipales de mayo de 2027 y que Silvia Paneque – que suena con fuerza para repetir como candidata, aunque debería para ello dejar el Govern – pueda alcanzar la alcaldía con el apoyo de estas dos formaciones separatistas.
Lluc Salellas pactó en el 2023 con Junts y ERC para arrebatar la alcaldía a la lista más votada, la socialista de Paneque, pero los sondeos auguran un pésimo resultado para la CUP, que se dejará la mitad de sus regidores (pasaría de ocho a cuatro) y la única posibilidad de seguir formando parte del gobierno sería con otro pacto a varias bandas, y tras las malas relaciones con Junts durante el actual mandato la opción de los socialistas es la más probable.
El pacto sellado entre ambas partes incluye cinco puntos de actuación concreta que deberán desplegarse a lo largo de los próximos meses. Entre las medidas acordadas destaca la protección del parque Jordi Vilamitjana y el avance en las obras de la calle de la Creu. El alcalde Lluc Salellas (CUP) ha celebrado abiertamente este pacto, presentándolo como una solución indispensable para reorganizar la maquinaria municipal. Sin embargo, la foto evidencia la dependencia absoluta que el proyecto de Guanyem tiene ahora respecto de los socialistas.
Desde Junts reprochan a la alcaldía su negativa a endurecer el control del padrón municipal para combatir el fraude. Tampoco han compartido la falta de límites al comercio de bicicletas, un sector que genera creciente debate en el tejido comercial de la capital. Por su parte, el PSC justifica su postura amparándose en un discurso de responsabilidad institucional y diálogo para garantizar la estabilidad. Una retórica habitual que vuelve a situar a los socialistas como muleta de los proyectos de la izquierda más escorada.
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