El grupo parlamentario de VOX ha decidido elevar la presión migratoria al debate nacional con una nueva iniciativa en el Congreso de los Diputados. La formación liderada por Santiago Abascal defenderá la vigencia del acuerdo bilateral suscrito con Marruecos en el año 2007. El propósito central de esta maniobra política es frenar de manera drástica el controvertido reparto de menores extranjeros no acompañados proyectado por el Ejecutivo central hacia el conjunto de las comunidades autónomas españolas.
Desde la bancada verde se sostiene firmemente que la devolución de estos jóvenes a su país de origen es un procedimiento plenamente viable desde el punto de vista jurídico, amparándose directamente en el marco legal concertado entre ambos reinos. Los impulsores de la propuesta reconocen que el pacto ha sufrido numerosos incumplimientos prácticos por parte de ambas administraciones a lo largo de los años, pero recalcan con énfasis que su validez jurídica continúa completamente intacta.
Conviene recordar que aquel convenio vio la luz bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en un contexto marcado por una intensa crisis fronteriza y por los asaltos masivos y violentos a las vallas perimetrales de Ceuta y Melilla. La gestión del PSOE ante los flujos migratorios vuelve a quedar así en el centro de la diana política, evidenciando las costuras de una política exterior que los sectores críticos califican de improvisada y carente de la firmeza necesaria.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en articular fórmulas de solidaridad interterritorial para aliviar la saturación de los territorios fronterizos originales, la oposición denuncia un traslado sistemático del problema sin abordar nunca la raíz del fenómeno. La medida que se debatirá la próxima semana en el hemiciclo obligará a los distintos grupos políticos a retratarse ante una problemática social y de seguridad que preocupa hondamente a los ciudadanos y tensiona los servicios públicos.
Este nuevo pulso parlamentario promete caldear aún más la legislatura, dejando patente que la inmigración irregular y la tutela de los menores siguen constituyendo uno de los frentes más divisivos y desgastantes para el actual Ejecutivo.
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