El desmantelamiento silencioso de las competencias de la Guardia Civil en Cataluña se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de la política que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado para satisfacer a sus socios independentistas. No ha habido un anuncio solemne ni una gran reforma legislativa. Ha sido un proceso lento, constante y deliberado, ejecutado mediante pequeñas cesiones presentadas como meros ajustes técnicos o administrativos.
Pero el resultado es evidente: el Estado pierde presencia mientras los Mossos d’Esquadra ganan protagonismo en ámbitos que durante décadas fueron responsabilidad de la Guardia Civil. Por ejemplo, la asociación profesional Jucil ha denunciado esta semana como se está desmantelando el Seprona en Cataluña mientras media Cataluña está ardiendo por los incendios forestales. Y recuerda que, a petición de la asociación, el año pasado el pleno de la comarca de la Cerdanya, de mayoría independentista, aprobó unánimemente una moción exigiendo que no se expulsara al Seprona de su territorio por ser indispensables.
Jucil añade que «con el 61% de Cataluña cubierto de masa forestal y un turismo de naturaleza que inyecta hasta el 2% del PIB regional, la falta de mandos y patrullas vacías compromete seriamente la prevención y la investigación de delitos forestales». Y tacha de «temeridad» que las plantillas de protección medioambiental estén bajo mínimos o con cuarteles fantasma mientras un incendio ha calcinado miles de hectáreas en La Bisbal d’Empordà.
Y es que uno de los casos más significativos es el de la protección del medio natural. El Seprona, considerado durante años una unidad de referencia internacional por su labor en la lucha contra los delitos medioambientales, ha visto cómo sus competencias y capacidad operativa en Cataluña se reducían progresivamente en beneficio de la policía autonómica.
Quienes conocen el funcionamiento de esta especialidad advierten de que desmantelar estructuras consolidadas puede tener consecuencias difíciles de medir a corto plazo. Lejos de responder a la improvisación, esta política parece obedecer a una estrategia perfectamente calculada. Pedro Sánchez ha demostrado en numerosas ocasiones que está dispuesto a redefinir el papel de las instituciones del Estado cuando ello resulta útil para garantizar el apoyo parlamentario del independentismo.
La reducción del protagonismo de la Guardia Civil en Cataluña encaja en esa lógica de concesiones permanentes: transmitir a sus socios que prácticamente ninguna competencia es intocable si con ello se asegura la estabilidad del Gobierno.
Mientras tanto, los agentes destinados en Cataluña trabajan en unas condiciones que difícilmente reflejan el respaldo que un Estado debería ofrecer a uno de sus principales cuerpos de seguridad. Vehículos envejecidos, plantillas insuficientes, falta de medios materiales y una presión creciente contrastan con el proceso de expansión que experimentan los Mossos d’Esquadra, que reciben más efectivos, mejores recursos y un apoyo institucional mucho más visible. La comparación resulta inevitable y alimenta entre muchos guardias civiles la sensación de haber sido relegados por razones exclusivamente políticas.
La responsabilidad política de esta situación recae directamente sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya gestión es una sucesión de renuncias y cesiones. El mensaje que reciben muchos agentes es demoledor: la Guardia Civil ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno y, en determinados territorios, incluso parece convertirse en un elemento incómodo dentro de la estrategia de negociación con el independentismo.
Como consecuencia, Cataluña ha pasado a ser uno de los destinos menos atractivos para muchos guardias civiles. No por la sociedad catalana, sino por un contexto político e institucional que ofrece escasos incentivos, un elevado coste de vida y una sensación de falta de respaldo por parte del propio Gobierno. Cada vez resulta más difícil cubrir vacantes y mantener la experiencia acumulada en unidades especialmente sensibles.
El problema trasciende la situación laboral de los agentes. Cada competencia que abandona la Guardia Civil supone, para muchos, un nuevo retroceso de la presencia efectiva del Estado en Cataluña. Mientras el cuerpo pierde peso institucional, el proyecto político del independentismo avanza, no mediante declaraciones unilaterales, sino a través de una transferencia gradual de funciones que acerca, paso a paso, una realidad cada vez más parecida a una autonomía con estructuras de Estado propias. Ese proceso, impulsado desde el Gobierno central, constituye para sus críticos una de las mayores cesiones políticas de la democracia reciente.
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