El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a cruzar una línea roja que compromete la estabilidad social de España. El pacto con sus socios de Podemos para regularizar de forma extraordinaria a medio millón de inmigrantes es una irresponsabilidad de dimensiones históricas. Bajo un envoltorio de falsa solidaridad, se esconde una decisión que ignora las advertencias de los expertos y el sentido común. Esta medida no solo valida la entrada irregular, sino que lanza un mensaje devastador al resto del mundo: en España, la ley se puede saltar sin consecuencias.
El «efecto llamada» no es una teoría conspirativa, es una realidad matemática. Al premiar a quienes no respetaron nuestras fronteras, el Ejecutivo se convierte en el mejor agente comercial para las mafias del tráfico de personas. Ningún país de nuestro entorno se atreve a una maniobra de este calibre en plena crisis de recursos. Este decreto es un imán que atraerá a miles de personas más, confiadas en que, tarde o temprano, habrá otra amnistía burocrática que borre su estatus ilegal.
La primera víctima de esta política serán unos servicios públicos que ya están en la UCI. La sanidad y la educación, gestionadas por las comunidades autónomas, no tienen capacidad para absorber una demanda masiva de la noche a la mañana. Los centros de salud de los barrios más humildes sufrirán el colapso de unas listas de espera que ya son inaceptables para los ciudadanos que pagan sus impuestos. La izquierda reparte derechos con el dinero de los demás, sin aportar ni un solo euro extra para reforzar las plantillas de médicos o profesores.
La convivencia en los barrios de las grandes ciudades también está bajo amenaza. Madrid, Barcelona o Valencia ya presentan zonas con una presión migratoria que dificulta la integración real. Al masificar estas áreas con una regularización exprés, se corre el riesgo de crear guetos donde el sentimiento de comunidad desaparece. El ciudadano medio observa con impotencia cómo el entorno donde creció cambia drásticamente, mientras los responsables políticos viven ajenos a esta realidad en sus urbanizaciones privadas.
No podemos obviar el impacto en la seguridad ciudadana. Aunque la izquierda se empeñe en tildar de alarmista cualquier mención a la delincuencia, los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son tozudos. Una entrada masiva y sin control previo de antecedentes en los países de origen es un riesgo que no deberíamos correr. La sensación de impunidad que genera esta medida solo puede derivar en un aumento de la conflictividad en las calles, afectando directamente a la tranquilidad de las familias trabajadoras.
El mercado laboral también sufrirá las consecuencias de este volantazo ideológico. Introducir de golpe a medio millón de personas en el sistema formal de empleo tensionará los salarios a la baja en los sectores más vulnerables. Los trabajadores españoles con menos cualificación verán cómo su capacidad de negociación se desploma ante una oferta de mano de obra repentina y desesperada. Es la paradoja de un Gobierno que se dice «progresista» pero acaba perjudicando al eslabón más débil de la cadena productiva.
La falta de rigor administrativo en este proceso es alarmante. Se habla de agilizar trámites y reducir requisitos, lo que en la práctica significa bajar la guardia en los controles de identidad y arraigo. El grupo de trabajo anunciado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del Gobierno es el primer paso de una maquinaria diseñada para el «aprobado general». Se prioriza la estadística política sobre la seguridad nacional, demostrando que para este Gobierno el titular es más importante que la gestión.
Además, esta decisión rompe el consenso europeo en materia migratoria. Mientras Francia, Alemania o Italia endurecen sus posturas para proteger sus fronteras exteriores, España se sitúa como la anomalía del continente. Esta deslealtad con nuestros socios de la Unión Europea nos deja en una posición de debilidad diplomática. No podemos pedir solidaridad a Bruselas cuando nosotros mismos abrimos las puertas de par en par mediante decretazos que eluden el debate parlamentario serio.
El populismo migratorio del PSOE y Podemos es una huida hacia adelante. En lugar de fomentar una inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades reales de la economía, apuestan por el caos administrativo. Esta regularización es un parche electoralista que busca fidelizar votos a corto plazo, ignorando las facturas sociales y económicas que tendremos que pagar todos los españoles durante las próximas décadas. Es, en definitiva, una traición al modelo de convivencia basado en el respeto a las normas.
España no puede permitirse ser el laboratorio de experimentos de la extrema izquierda. La solidaridad debe ser sostenible y estar sujeta al cumplimiento de la ley. Sin fronteras seguras y sin unos servicios públicos protegidos, el Estado de bienestar se desmorona. Es hora de exigir una política migratoria seria que ponga por delante el interés general y la seguridad de sus ciudadanos antes que los intereses de partido de Pedro Sánchez y sus socios radicales.
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