
El caos en Rodalies ha dejado de ser una molestia recurrente para convertirse en un síntoma del colapso institucional. Tras años de promesas sobre inversiones millonarias, los usuarios catalanes siguen atrapados en una red que parece más propia del siglo pasado. La responsabilidad no puede seguir diluyéndose en el tiempo; apunta directamente a los despachos del Ministerio de Transportes y del Palau de la Generalitat.
Óscar Puente, el ministro que prefiere el choque en redes sociales a la gestión técnica, se enfrenta ahora a la realidad de una infraestructura infrafinanciada. Resulta paradójico que el mismo Gobierno que presume de «agenda catalana» admita ahora, ante el desastre, que la red sufre un abandono crónico. Las palabras de Puente reconociendo la vulnerabilidad del sistema son un insulto para los 400.000 ciudadanos que cada mañana dependen del tren.
Salvador Illa, que basó su campaña en el retorno de la «buena gestión» y el orden, se encuentra hoy en una posición de extrema debilidad. El presidente de la Generalitat ha descubierto que el sanchismo no es un buen aliado cuando los problemas bajan de la retórica a los raíles. Su silencio inicial y la tardanza en exigir responsabilidades lo sitúan como un actor secundario en una crisis que afecta al corazón de la economía catalana.
La creación de una empresa mixta para gestionar el servicio de cercanías no ha sido la solución mágica que vendieron a bombo y platillo. Por el contrario, parece una maniobra de distracción para ganar tiempo mientras la infraestructura se cae a pedazos. Mientras el PSC y el PSOE se pierden en organigramas y nuevos cargos, los viajeros sufren retrasos, cancelaciones y una inseguridad que ya ha costado vidas.
El reciente accidente en Gelida ha sido el trágico punto de inflexión que ha forzado a los socialistas a sacrificar a mandos intermedios. Es el manual clásico de resistencia: rodar cabezas secundarias para proteger a los ministros y al ‘president’. Sin embargo, la ciudadanía empieza a entender que el problema no es un técnico de Adif o Renfe, sino una jerarquía de prioridades políticas profundamente equivocada.
Resulta escandaloso que el Gobierno de Sánchez dedique más esfuerzos a contentar a sus socios parlamentarios que a garantizar un transporte digno. El dinero de los contribuyentes fluye hacia acuerdos de conveniencia política, mientras las catenarias y los sistemas de control de Rodalies siguen esperando un mantenimiento básico. Es la política de los gestos frente a la política de las soluciones.
Desde la oposición, las críticas arrecian con razón: no se puede gobernar a base de decretos ómnibus y fotos de concordia si el tren no llega a su hora. El PP y VOX han denunciado que este «Govern de todos» es, en realidad, un gobierno de incompetentes superados por la realidad operativa. La desinversión acumulada es un lastre que ya no se puede tapar con retórica de reconciliación.
El caos ferroviario en Cataluña es el ejemplo perfecto de cómo el socialismo agota los servicios públicos allí donde se siente cómodo en el poder. La supuesta sintonía entre Madrid y Barcelona no ha servido para que los trenes circulen mejor, sino para que ambos ejecutivos se protejan mutuamente el relato. El resultado es un servicio degradado que lastra la productividad y la calidad de vida.
La Generalitat de Illa intenta ahora endurecer el tono frente al Ministerio para salvar su propia imagen de gestor eficiente. Es una pelea de familia que llega tarde y mal, diseñada más para el titular que para el cambio real en las vías. Si el presidente catalán no es capaz de exigir inversiones reales y tangibles a su jefe de filas en Madrid, su mandato será recordado por las promesas incumplidas.
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