El escenario electoral en Teruel se ha visto sacudido por un incidente que el Gobierno ha tardado poco en capitalizar. Durante un mitin junto a Pilar Alegría, una asistente increpó gravemente al presidente Pedro Sánchez. La protagonista de los insultos resultó ser una concejal del Partido Popular de una pequeña localidad valenciana.
La reacción del Ejecutivo fue inmediata y desproporcionada en su análisis político. Desde Moncloa se ha emitido un comunicado denunciando la «naturalización de la violencia» en el espacio público. Es evidente que el insulto personal no tiene cabida en democracia, pero la estrategia de victimización del PSOE resulta ya demasiado familiar.
La maquinaria de propaganda gubernamental no ha perdido la oportunidad de señalar directamente a Alberto Núñez Feijóo. Intentan responsabilizar al líder de la oposición por el comportamiento individual de una edil de un municipio de cien habitantes. Es un salto lógico acrobático que busca desgastar al adversario a cualquier precio.
Lo que resulta verdaderamente llamativo es la doble vara de medir que exhibe el gabinete socialista. Mientras elevan a la categoría de «violencia» un insulto en un mitin, guardan un silencio cómplice ante las barbaridades que salen de sus propias filas. La coherencia brilla por su ausencia en el Palacio de la Moncloa.
Recordemos que figuras como la ministra Diana Morant, el ministro Óscar Puente o la portavoz Reyes Maroto no se han cortado al lanzar ataques feroces. Han llegado a tildar de «asesinos» a dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón. Para el entorno de Sánchez, esto parece entrar dentro de la libertad de expresión o la crítica política legítima.
Resulta inadmisible que el Gobierno pretenda dar lecciones de civismo mientras sus altos cargos utilizan un lenguaje incendiario. Si insultar a Sánchez es quebrar la convivencia, ¿qué es llamar asesino al rival político? La asimetría moral del sanchismo es uno de los rasgos más agotadores de la presente legislatura.
El presidente parece sentirse cómodo en el papel de mártir de la derecha extrema. Esta narrativa le permite esquivar el debate sobre su gestión y centrar el foco en la crispación. Sin embargo, la crispación es un fuego que el propio PSOE alimenta a diario desde la tribuna del Congreso y desde el Consejo de Ministros.
Exigir respeto institucional es una obligación de todos los partidos, sin excepciones. El PP tiene la responsabilidad de afear las conductas inapropiadas de sus militantes, pero el PSOE no puede actuar como juez y parte. La limpieza del debate público empieza por no insultar al adversario desde el propio Consejo de Ministros.
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