El Congreso prorroga tres meses la recogida de firmas de la ILP de Libertad de Elección Lingüística de Hablamos Español, por los boicots a su campaña en varios ayuntamientos.
El pasado 8 de mayo, la presidente de Hablamos Español, Gloria Lago, dirigió un escrito a la Mesa del Congreso para informarles del boicot que estaban sufriendo en su campaña de recogida de firmas a favor de la iniciativa Legislativa Popular de Libertad de Elección Lingüística, por parte de diversos ayuntamientos de Comunidades Autónomas bilingües.
Este mismo lunes, día 21, se remitió a la Mesa del Congreso un nuevo escrito relatando las últimas maniobras para entorpecer su recogida de firmas, en este caso por parte del Ayuntamiento de Valencia, a cuya corporación parece que no le ha gustado que Hablamos Español convocase una manifestación en esta ciudad para el próximo 2 de junio, por la Libertad de Elección de Lengua.
A causa de este tipo de comportamiento por parte de estos ayuntamientos, la asociación se vio obligada a cancelar varias recogidas de firmas y a perder tiempo y recursos intentando sortear los obstáculos y las triquiñuelas burocráticas de dichos ayuntamientos.
Los casos más flagrantes se produjeron en Barcelona, Castelldefels, Valencia e Ibiza. En esta última localidad tuvieron que presentar denuncia ante la Policía Nacional por las presiones recibidas por parte de la Policía local durante una recogida de firmas. Algo similar sucedió en Castelldefels.
La Mesa del Congreso concede así una prorroga de tres meses para que puedan recabar las 500.000 firmas adveradas que necesitan para llevar su Proposición de Ley de Libertad de Elección Lingüística al Congreso.
Esta ley está inspirada en la legislación de los países con más de una lengua en toda o una parte de su territorio, y que tiene como regla esencial que en las comunidades autónomas bilingües rija el principio de elección de lengua en la enseñanza, el bilingüismo en la administración, y que no prevalezca el conocimiento de una lengua a la competencia profesional.
Los derechos de los hispanohablantes quedarían así blindados en toda España sin menoscabar los derechos de los hablantes de las lenguas regionales.
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