7 votos corruptos a cambio de una autoamnistía…

Dado que «hay que hacer de la necesidad virtud»… Este es un HECHO absolutamente constatado y que permite mantener ilegalmente en la silla a un primer ministro europeo, como dice el informe de la Comisión Europea. El fallo del TJUE, esperado durante largo tiempo, ha supuesto un jarro de agua fría. Si bien, como hace calor, de inmediato hemos visto una gran oportunidad y, desde la sociedad civil, vamos a luchar con más ahínco, si cabe, no contra la sentencia, que hay que respetar y que se refiere a aspectos muy concretos, como el terrorismo y la malversación, sino contra el famoso «relato», que hoy es lo que prima.

¿Por qué digo esto? Pues porque es un hecho muy objetivo pensar que, en el centro de Europa, con un lobby permanente del relato independentista, nunca atacado ni neutralizado por ningún Gobierno, y tal y como volvieron a decir ayer tras la sentencia los golpistas en sus declaraciones —«el que la sigue la consigue»—, en efecto, asumen esta resolución como una importante victoria de quienes quieren irse de España y atacan su unidad y su democracia.

Pudimos verlo en pleno momento de la rebelión —finalmente calificada como sedición— en el año 2017. La prensa internacional, aun viendo lo que veía, y en directo, en muchos casos justificaba lo que estaba ocurriendo. El «clima» es esencial; el «ambiente» en el que se desenvuelve la estrategia independentista y sediciosa está muy bien alimentado. Esta sentencia trae un efecto añadido al objeto en sí mismo juzgado, no sé si pretendido, pero sí logrado: el enorme beneficio de legitimación que, a partir de ayer, recibe el golpismo catalán, al que se ha sumado con entusiasmo la diputada condenada por apología del terrorismo, diciendo que ahora, tras la sentencia, hay que impulsar la verdadera democracia; es decir, para ella, pasar al plan de alcanzar la independencia.

Quizá esto no lo pensaba el presidente del Gobierno al principio, pero se ha alineado nuevamente, de manera consciente y voluntaria, con todos los sediciosos y filoterroristas. Si el «independentismo-golpismo», Illa incluido, y, por supuesto, el Gobierno, están encantados con la sentencia, es que algo muy perverso y pernicioso está ocurriendo.

Cuidado, asimismo, con que esta sentencia no siente las bases para que un nuevo primer ministro europeo pueda acceder al poder, como procedimiento novedoso, gracias a acciones y hechos espurios, corruptos, fraudulentos e ilegales. Gravísimo lo que Europa haya podido dejar así abierto.

El presidente del Gobierno se ha sumado desde el minuto uno a la estrategia de los golpistas. En el minuto 40:01 de su comparecencia de balance anual, el 15 de diciembre de 2025, intentó condicionar la decisión del TJUE ante los medios de comunicación internacionales, señalando abiertamente que la amnistía es legal porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, como si esto fuera un argumento válido. Claro que debería serlo, pero el presidente del Gobierno ha acabado con la independencia de dicho tribunal. Añadía que el informe de la Comisión Europea le daba la razón. Flagrante mentira, pues el informe afirma que se trata de una «autoamnistía» a cambio de votos para obtener una investidura y que no responde al interés general.

Sigue afirmando que la Comisión de Venecia le daba la razón, cuando dicho informe señala claramente que la ley contraviene flagrantemente principios esenciales del *rule of law*. Por último, jocosamente, dice en ese mismo minuto 40:01 que también el abogado general Spielmann le daba la razón. Y, en efecto, este lo argumenta diciendo que se debe «a la reconciliación de Cataluña», tampoco siendo cierto este argumento político. Curiosamente, son las mismas palabras que pronuncia el presidente del Gobierno para justificarse. Claro que Spielmann no dice la frase siguiente del presidente del Gobierno: «ya que hay que hacer de la necesidad virtud», hecho que autoinculpa a Sánchez y le desarma, mostrando sus verdaderas intenciones. Además, dicho argumento de Spielmann no responde a ningún hecho jurídico, que es lo que se juzga.

En resumen, un presidente del Gobierno que tergiversa los argumentos jurídicos, por otro lado demoledores en su contra, y asume únicamente aquel que le favorece. Lo mismo hace Spielmann, reproduciendo esos argumentos espurios, pero sin aplicar los estrictamente jurídicos. Es solo el argumento político el que ha primado en la sentencia.

Recordemos, por cierto, que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía hicieron nada en la vista previa, o aquella dejación de funciones de la Abogacía del Estado cuando Puigdemont pudo haber sido capturado en Italia y no impulsó su extradición. Es decir, el propio Gobierno fue cómplice del fugitivo para evitar su detención, como también ocurrió cuando apareció en Barcelona y volvió a huir.

A partir de esta comparecencia pública del presidente del Gobierno tenemos constancia de un continuo trabajo oscuro hasta hoy —por otro lado convertido en norma en este Gobierno— para presionar e influir sobre el tribunal europeo.

Soy plenamente consciente de que son demoledores los argumentos jurídicos, como los anteriormente expuestos, pero también lo es que esta amnistía acaba con la igualdad de todos los españoles, con la tutela judicial efectiva, con la independencia judicial y con la anulación de la sentencia por sedición del Tribunal Supremo, como si nada hubiera ocurrido. Todo ello, cuando ya hubo indultos en junio de 2021 y la supresión del delito de sedición, junto con la rebaja de la malversación, en diciembre de 2022 para lograr unos presupuestos. Todos esos argumentos deberían ser inapelables.

Por otro lado, debería haber sido esencial razonar por qué S. M. el Rey, como jefe del Estado, tuvo que pronunciar un discurso histórico para salvar la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y la democracia, principios que esta ley de amnistía anula de un golpe.

Pero hay otra cuestión igualmente trascendental. ¿Cómo es posible que un presidente del Gobierno dijera públicamente, ante los medios, dos días antes de las elecciones de julio de 2023, que la amnistía era inconstitucional y no existía en nuestro ordenamiento jurídico y que, al día siguiente, ya afirmara que «hay que hacer de la necesidad virtud», sin haber presentado esa eventualidad en su programa? Y, cuidado, negociando ya ocultamente con los independentistas dicha amnistía antes incluso de las elecciones; es decir, con una planificación y una premeditación plenas.

Ya tenía en sus planes engañar a todos sus votantes y a todos los españoles y, de paso, ahora también a todos los europeos, calculando que, aun perdiendo las elecciones, podría comprar el poder a cambio de una autoamnistía. Lo mismo que ahora calcula con la Ley de Nietos, con los inmigrantes ilegales —ya multiplicados por tres respecto a lo anunciado por el Gobierno—, con lo que pueda hacer Correos, Indra… y quién sabe qué más para su «multipucherazo», como el de convocar unas elecciones en julio, con cuarenta grados y media España de vacaciones.

La sentencia se acata, por supuesto. El pleno conocimiento del marco de actuación, de la metodología y de la forma de entender la democracia, de manera tenebrosa y falta de ética, de un presidente del Gobierno corrupto, es trascendental para valorar los HECHOS. No creo que el tribunal se haya tomado la molestia de estudiarlo, del mismo modo que el relato de los golpistas no está condenado. Es más, está ampliamente admitido. ¡Cuidado, Europa! El Estado de derecho ha quedado quebrado. ¡Han de rectificar obligatoriamente y de inmediato!

Dado que, desde hace seis años y, especialmente, desde diciembre pasado, venimos denunciando con todo detalle estos manejos espurios del presidente del Gobierno, que ahora entendemos mejor a qué responden —pues, de lo contrario, no sería normal un comportamiento tan inmoral, impropio de cualquier primer ministro europeo—, y considerando que todo ello responde, según nuestra interpretación, a unas formas de actuar aprendidas en un entorno de degradación moral, es el momento de reafirmar nuevamente lo que constantemente explicamos a las presidencias de las instituciones europeas, así como al presidente del TJUE: que es imprescindible saber con quién se está tratando y actuar en consecuencia. De lo contrario, incluso los propios juicios parten de premisas falsas y engañosas que es indispensable despejar para lograr un juicio justo.

El esfuerzo de las instituciones europeas por entender el marco en el que fue concebida la ley de amnistía no ha existido o ha sido muy poco significativo. En el propio TJUE tampoco parece que hayan querido informarse a fondo de quiénes eran los beneficiarios de dicha ley y por qué. Tampoco parece que se hayan preguntado por los verdaderos orígenes de la controversia, ni que hayan valorado hechos incuestionables, plenamente atentatorios contra el *rule of law*, ni otros hechos públicos y notorios que no dejan margen para la duda. Todo apunta a que el razonamiento de la sentencia se ha sustentado, esencialmente, en una argumentación política.

La diferencia ahora es que las presidencias de las instituciones europeas conocen la verdad de todo. Y, si faltaba algo, desde hace dos años y, especialmente, durante los últimos tres meses, la prensa internacional denuncia a diario el ataque frontal de un primer ministro europeo a la independencia judicial y al Estado de derecho, así como los numerosos casos de corrupción que le afectan.

No hay excusa posible y, desde aquí, les conmino de nuevo, en nombre de 33 asociaciones de la sociedad civil de toda España, a que las máximas autoridades europeas denuncien públicamente, de inmediato, a un primer ministro europeo que resulta nefasto para la dignidad de las instituciones europeas y para la dignidad de todos los ciudadanos europeos.

Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda. Soria, 17 de julio de 2026

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