Se puede considerar si el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho lo que debía en las semanas anteriores al 1-O y si su actuación ha sido la más adecuada. Esto forma parte del legítimo debate político.
Pero una vez que el Tribunal Constitucional dictó que el 1 de octubre no se debía celebrar la consulta, el Gobierno no tenía más remedio que intentar evitarla a cualquier precio, para garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho.
Las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional han sido motivadas por la inacción de los Mossos d’Esquadra, y han tenido que intervenir para respetar las directrices del TSJC de precintar los colegios.
En toda acción policial se producen excesos, por ambas partes y nunca deseables, pero es el precio a pagar cuando unos intentan saltarse las leyes que rigen nuestra convivencia y la policía ha de cumplir las órdenes judiciales.
Que políticos del PSC aprovecharan a la primeras de cambio para criticar un operativo policial que se debía ejecutar por orden policial muestra cierto oportunismo político preocupante en un partido que ha cogobernado España, con sus compañeros del PSOE, durante 21 años. Como si la policía nunca hubiera cargado con la misma intensidad cuando gobernaban los socialistas.
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