La Sala de apelación del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de la Fiscalía y de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el caso que afecta a Alberto González Amador, y ha dictado que los indicios conseguidos durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación.
García Ortiz tendrá que responder por por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dicha sala también ha decidido el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la provincia de Madrid.
Los problemas para García Ortiz comenzaron cuando el 13 de marzo de 2024. A las 21:29 horas, El Mundo difundió que «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». A los cinco minutos el fiscal general llamó a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández.
García Ortiz pidió a Rodríguez Fernández los correos intercambiados con la defensa de González Amador. El auto del Supremo destaca que García Ortiz exigió que se los enviaran «no a su correo oficial de la Fiscalía, sino al particular». A las 21:59 horas, recibió en su correo particular un correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, decía que su cliente tenía «voluntad firme» de «alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos». El mensaje añadía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública» en referencia a los ejercicios del 2020 y 2021.
La Cadena SER, medio cercano al PSOE, avanzó a las 23:25 el contenido de ese documento confidencial. A las 23:51 horas, la emisora publicó íntegramente el correo en su web, con la confesión literal de los delitos. La Sala de Apelaciones del Supremo en su auto argumenta que la redacción de la SER conocía que la Fiscalía de Madrid «prepara un comunicado» que sería difundido «en las próximas horas», información que según los jueces procedía de la Fiscalía.
El 14 de marzo, se publicó una nota informativa con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid desmintiendo la información publicada por el El Mundo, y que reproducía párrafos literales del correo filtrado, aspecto que en el auto se define como una «unidad de acto».
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