La proliferación de zonas conocidas como “no go” en las grandes ciudades catalanas se ha convertido en una de las principales preocupaciones vecinales. Estos barrios, donde la inseguridad y la criminalidad impiden a los ciudadanos llevar una vida normal, están siendo tomados por bandas criminales —en su mayoría extranjeras— que operan con una impunidad alarmante. Mientras tanto, los ayuntamientos, muchos gobernados por el PSC, parecen incapaces de revertir una situación que se deteriora cada día más.
Uno de los casos más evidentes es el barrio de La Florida, en L’Hospitalet de Llobregat. Lo que antes era una zona trabajadora y viva, hoy sufre una degradación profunda. Los vecinos denuncian robos, ocupaciones ilegales, peleas constantes y tráfico de drogas a plena luz del día en numerosos narcopisos. Las bandas han impuesto un clima de miedo donde muchos prefieren no salir de casa a determinadas horas. A pesar de las reiteradas quejas, el alcalde David Quirós ha optado por minimizar la gravedad del problema.
En Barcelona, la Zona Franca vive una situación similar. Lo que nació como un polo industrial con barrios residenciales ahora se ha convertido en territorio de nadie por las noches. Las pandillas controlan partes del distrito y los servicios municipales apenas logran acceder sin escolta policial. La alcaldesa socialista Jaume Collboni ha prometido planes de seguridad, pero en la práctica, los vecinos siguen sintiéndose abandonados.
Mataró, otra ciudad gobernada por el PSC, también ha visto cómo uno de sus barrios, Rocafonda, se transforma en un enclave marcado por la inseguridad. Allí, la presencia policial es casi simbólica y muchos comerciantes han optado por cerrar sus negocios por miedo a represalias. Los episodios de violencia son frecuentes, con bandas que se disputan el control del territorio en plena vía pública. El alcalde socialista David Bote se ha limitado a reclamar más policías a la Generalitat, eludiendo su responsabilidad directa.
El patrón se repite en todos estos casos: barrios populares donde la falta de inversión, la inmigración descontrolada y la permisividad institucional han creado un caldo de cultivo perfecto para que prosperen estructuras delictivas. La dejadez de las administraciones ha hecho que muchos ciudadanos pierdan la confianza en la política local y recurran a la autodefensa o a asociaciones vecinales que tratan de suplir la falta de autoridad.
A esto se suma la percepción creciente de que la inseguridad está directamente vinculada con la falta de control sobre determinados colectivos extranjeros. Aunque es un tema tabú en muchos foros políticos, lo cierto es que buena parte de las bandas que operan en estas “no go zones” están integradas por individuos que llegaron en los últimos años sin un proyecto claro de integración. Esta realidad está generando tensiones sociales que las instituciones no están sabiendo canalizar.
Frente a este panorama, los partidos tradicionales, especialmente el PSC, parecen más preocupados por evitar el estigma político que por abordar la raíz del problema. Mientras tanto, crecen las voces que piden una reforma integral de la política de seguridad, una mayor coordinación entre Mossos d’Esquadra y Policía Local, y una actuación decidida contra quienes han tomado barrios enteros como si fueran su feudo personal.
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