El alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, David Quirós (PSC) ha vuelto a sacar del cajón otro plan urbanístico “ambicioso” con el que promete transformar los barrios del norte de la ciudad. Un proyecto que, según ha anunciado, contará con 15 millones de euros de inversión —12 aportados por el Ayuntamiento y 3 por la Generalitat— y que, a partir de 2026, pretende “dignificar” los dos kilómetros cuadrados donde viven unos 140.000 vecinos, una de las zonas más densamente pobladas de Europa.
Sobre el papel, suena bien. Pero los vecinos de Pubilla Cases, Can Serra, Florida o la Torrassa ya han escuchado este discurso demasiadas veces. Este es, literalmente, el enésimo plan del PSC para estos barrios, y los anteriores quedaron en promesas incumplidas o en obras parciales que nunca abordaron los problemas estructurales de la zona. La palabra “transformación” se ha convertido en un mantra institucional vacío que no logra esconder el malestar creciente de una ciudadanía cansada.
Y es que el contexto social y de seguridad en L’Hospitalet dista mucho de ser el ideal que dibujan los planos municipales. Los robos violentos, los apuñalamientos y los narcopisos se han convertido en parte del día a día de muchos vecinos, que sienten que la ciudad se degrada mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Las okupaciones ilegales de viviendas han generado focos de conflicto y miedo en comunidades enteras, especialmente en las zonas más vulnerables.
A pesar de ello, el alcalde insiste en que “solo existe una sensación de inseguridad”. Pero las cifras, los titulares y, sobre todo, las manifestaciones vecinales de los últimos meses, desmienten ese discurso. El pasado 1 de octubre, más de 3.000 vecinos salieron a la calle para exigir soluciones reales y denunciar el abandono institucional. Fue una protesta histórica, pero no la primera: en los últimos meses se han sucedido concentraciones en barrios como Bellvitge, impulsadas por vecinos y comerciantes hartos de promesas vacías.
Mientras tanto, desde el despacho municipal se presentan maquetas y renders futuristas, como si un nuevo plan urbanístico pudiera borrar la desconfianza y el hartazgo de una ciudadanía que ve cómo su entorno se deteriora. Los vecinos no reclaman más planos, sino seguridad, limpieza, servicios y presencia policial.
El alcalde busca proyectar una imagen de gestión moderna y ambiciosa, pero la realidad en la calle le contradice. Y en política local, las fachadas —por mucho que se reformen— no pueden tapar las grietas del descontento. L’Hospitalet no necesita más humo urbanístico: necesita voluntad política y eficacia real para recuperar la convivencia, la seguridad y la confianza en sus instituciones.
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