A las estructuras de Estado desde las estructuras del Estado

Cualquier análisis sobre el “procesismo” que únicamente se centre en las movilizaciones sociales, será un análisis incompleto. De ahí el interés en convencernos de que el independentismo es un movimiento de abajo a arriba, donde la tradicional clase política catalana se ha visto arrastrada  a una vorágine en la que desempeña un papel secundario, una especie de acompañamiento institucional.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y no únicamente por el uso del dinero público para subvencionar actividades de fomento del separatismo y de propaganda de saturación en medios de comunicación, sino también por la utilización y patrimonialización de las instituciones de todos en la construcción de lo que han venido a denominar “estructuras de Estado”.

Todos somos conscientes del uso que se hace del Parlament de Catalunya. Desde la justificación del proceso a partir de unas supuestas elecciones plebiscitarias, pasando por la utilización presupuestaria para actos partidistas y finalizando por una reforma del Reglamento de la Cámara para dar acomodo a la tramitación de decisiones y normas inconstitucionales, y sin contar con el aval de los propios órganos consultivos autonómicos.

También la mayoría de ciudadanos son conscientes de la utilización que se está haciendo de los ayuntamientos gobernados por fuerzas independentistas o por la ambigüedad de un PSC impredecible. Por ejemplo, con la adhesión a asociaciones carentes de legitimidad democrática, y en las que, según algunos juzgados, se vulnera el principio de pluralidad política.

Sin embargo, el ciudadano medio desconoce que está pasando en la Diputación de Barcelona, una de las principales instituciones catalanas, por capacidad presupuestaria e incidencia en la Administración Local de la provincia. Una institución que vive en la opacidad que otorga ser una institución donde los cargos electos lo somos de manera indirecta.

El año 2016, fue el primer año en el que se pudieron implementar las políticas del nuevo gobierno surgido tras las elecciones municipales de mayo de 2015 (CiU, ERC, y el PSC con una Vicepresidencia y voto en la Junta de Gobierno), y fue el año en que se presentó su Plan de Mandato para el periodo 2016-2019, plan que recogía 6 objetivos estratégicos básicos, y en el que uno de ellos literalmente establece:

Contribuir activamente a la transición nacional apostando por una Administración Local que tenga garantizadas la autonomía y la suficiencia financiera. En otras palabras, y como ahora podrán comprobar, respaldar financieramente a los municipios en todo aquello en lo que se desentienda la administración autonómica, que está ahora por otras cosas, es decir, colaborar con la Generalitat desde una perspectiva de construcción de un marco político nuevo, “la transición nacional”.

Por tanto no se limitan al desarrollo de las competencias propias que el ordenamiento otorga a las diputaciones provinciales, si no que la realidad es que los partidos separatistas utilizan la capacidad presupuestaria de la Diputación de Barcelona para actuar como entidad financiera al servicio de la Generalitat, haciendo frente a las obligaciones de la Administración autonómica respecto a los municipios y Consejos Comarcales a coste cero, lo que supone una detracción de recursos propios en perjuicio de los ayuntamientos y los ciudadanos.

Las Diputaciones Provinciales son entes que encuentran su habilitación y encaje constitucional en el artículo 141 de la Carta Magna donde se les encomienda el gobierno y la administración autónoma de las provincias, configuradas estas como agrupaciones de municipios. Y es en la Ley de Bases de Régimen Local donde se concreta su ámbito competencial.

En el caso de la Diputación de Barcelona, para el ejercicio de sus competencias, y para el último ejercicio presupuestario cerrado, es decir 2016, hablamos de un presupuesto que se aproximó a los 850 millones de euros. De estos, alrededor de 550 millones provenían de transferencias del Estado, es decir, cerca del 65% del presupuesto se transfería desde el Estado.

Pues bien, ya en las partidas presupuestarias ordinarias podíamos observar como la Diputación transfería más de 30 millones de euros a la Generalitat o a su sector público, y durante el transcurso del ejercicio, y existiendo deudas de la Generalitat respecto a los municipios barceloneses, la Diputación aprobó, además, un Plan Extraordinario de Asistencia Financiera Local por valor de 45 millones de euros que se adelantaban a los municipios por incumplimientos del Govern.

Sin embargo, este no fue el único Plan Extraordinario para cubrir incumplimientos de la Generalitat, ya que en abril de 2016, se aprobó otro dotado con 10 millones de euros para hacer frente a las tensiones de tesorería de los Consells Comarcals. Tensiones que, como ustedes habrán deducido, se producen por incumplimientos en las transferencias de la Generalitat a estas instituciones. Y ello después de que presupuestariamente la Diputación de Barcelona ya hubiera transferido mediante el presupuesto ordinario 16 millones de euros a los Consells Comarcals.

Pero el presupuesto y los planes extraordinarios no son los únicos instrumentos para respaldar a una administración autonómica que utiliza sus propios recursos en cuestiones que a su vez trascienden sus competencias.

Así por ejemplo, en el presupuesto del 2017 recientemente se liberó una partida, nada menos que de 5 millones de euros destinada al ciclo del agua, que ha podido liberarse porque la Agencia Catalana del Agua, dependiente de la Generalitat, este año sí, ha decidido financiar sus obligaciones en esta materia. Es decir, la Diputación de Barcelona financió en 2016 parte de las competencias en materia de agua de la Generalitat. Y podríamos hablar también de subvenciones a entidades separatistas o subvenciones camufladas en contratos menores a determinados medios de comunicación afines.

En definitiva, desde estructuras del Estado, con financiación del Estado, se colabora con una administración autonómica cuya prioridad es la creación de estructuras de Estado. Unas estructuras que evidentemente estamos financiando, no sólo el conjunto de los catalanes, si no que indirectamente las están financiando el conjunto de españoles. Es la política de crear estructuras de Estado desde las estructuras del Estado.