Los partidos separatistas catalanes intentan reabrir una de las heridas más dolorosas de la historia reciente de España. Junts y ERC exigen que el Congreso asuma que el Estado tuvo responsabilidad en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en 2017. Las formaciones de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras buscan sembrar la sospecha sobre las instituciones públicas.
La maniobra del separatismo choca con el muro de la lógica parlamentaria. PSOE, PP y Vox han rechazado de forma tajante estas conclusiones. Los principales partidos de la cámara coinciden en defender la profesionalidad de los cuerpos de seguridad. La pinza institucional frena así el intento de utilizar una tragedia terrorista con fines puramente partidistas.
El documento presentado por Junts acusa directamente a los servicios secretos españoles. Sostienen que el Centro Nacional de Inteligencia cometió una «negligencia o temeridad» al ocultar su relación con el imán de Ripoll, cerebro de la célula criminal. Para el partido de Puigdemont, la seguridad nacional se gestionó de forma temeraria.
La argumentación independentista carece de pruebas sólidas y se apoya en un viejo conocido de las cloacas del Estado. Los borradores de Junts asumen por completo la versión del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo. El relato afirma que el control sobre el terrorista «se les escapó de las manos» a los agentes españoles.
El texto va más allá y señala que existió una «decisión política» para tapar los supuestos vínculos. Según esta hipótesis, el Gobierno de la nación priorizó sus intereses a las puertas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Una afirmación de extrema gravedad que busca deslegitimar al Estado ante la opinión pública catalana.
El separatismo apunta con nombres y apellidos a la cúpula del último Gobierno del Partido Popular. Las conclusiones señalan al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los acusan de esconder información vital a los ciudadanos y a las propias víctimas del terrorismo.
Esta estrategia del nacionalismo demuestra la falta de escrúpulos a la hora de desgastar las estructuras del Estado. En lugar de cerrar filas con la seguridad nacional, ERC y Junts prefieren dar crédito a teorías conspirativas. La izquierda gobernante asiste en silencio al cuestionamiento constante de los pilares de la democracia por parte de sus aliados.
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