El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a hacer uso del indulto como herramienta de conveniencia política. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la medida de gracia parcial para la expresidenta del Parlament y de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Con esta decisión, el Ejecutivo conmuta su condena de cuatro años y medio de prisión por una de dos años, lo que evitará que la dirigente independentista tenga que ingresar en un centro penitenciario.
La resolución del Gabinete socialista liquida la pena de privación de libertad, aunque mantiene intactas tanto la sanción económica como la inhabilitación para cargo público durante trece años. La medida sigue el criterio expresado en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En aquella sentencia, los magistrados sugirieron la conveniencia de un indulto parcial al considerar que la estricta aplicación del código penal resultaba excesiva, dado que los trabajos se realizaron y no se acreditó un beneficio económico personal ni un perjuicio directo a las arcas públicas.
El origen del caso se remonta a la etapa en la que Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, entre los años 2013 y 2018. La justicia la condenó por prevaricación y falsedad documental tras comprobarse que troceó deliberadamente la adjudicación de la web de la entidad en 18 contratos menores. Esta estratagema, por un importe global de 335.000 euros, permitió adjudicar los trabajos a un informático de su entorno personal esquivando de forma sistemática la obligación legal de convocar un concurso público.
La jugada del Ejecutivo vuelve a levantar suspicacias sobre los peajes que Moncloa está dispuesta a pagar para sostener sus alianzas parlamentarias. Aunque el procedimiento penal contó con la confesión de su colaborador —quien pactó dos años de cárcel con la Fiscalía tras admitir el fraude—, el sanchismo liquida de un plumazo la ejecución de la pena de prisión de Borràs. Un nuevo gesto de benevolencia gubernamental que diluye la ejemplaridad en la gestión de los fondos públicos a cambio de tranquilidad política.
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