El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha vuelto a poner contra las cuerdas la política lingüística del Govern. Una nueva resolución obliga a un colegio del Maresme a impartir una asignatura troncal más en castellano. La decisión judicial llega tras la demanda planteada por el padre de una alumna del centro.
La Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa concluye que la presencia del castellano sigue siendo claramente insuficiente. Limitar esta lengua a su propia asignatura rompe el equilibrio necesario entre los dos idiomas oficiales. El modelo actual margina de forma sistemática el castellano en la actividad docente.
El fallo es especialmente relevante porque asimila doctrina reciente de los máximos tribunales europeos. El TSJC se apoya en el aval que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorgó a las cuotas lingüísticas en mayo. Estrasburgo dejó claro que exigir un 25% de castellano en el sistema educativo catalán no vulnera derechos fundamentalmente.
A este pronunciamiento internacional se suma la postura fijada de forma tajante por el Tribunal Supremo. La alta magistratura española ya advirtió sobre la discriminación que supone la señalización únicamente en catalán en los centros públicos. La suma de ambas decisiones judiciales desarma la estrategia procesal que el Gobierno catalán ha mantenido estos años.
Las maniobras legislativas aprobadas por el Parlament en 2022 intentaron blindar el monolingüismo en la práctica. El Govern impulsó marcos legales específicos con la única intención de esquivar los porcentajes fijados por los jueces. Sin embargo, la justicia deja de manifiesto que los derechos lingüísticos individuales prevalecen sobre el sesgo ideológico autonómico.
La condescendencia del Ejecutivo central con las exigencias del nacionalismo ha facilitado durante años este bloqueo institucional. La falta de firmeza de las autoridades estatales deja la defensa de la neutralidad lingüística en manos de familias a título personal. Los ciudadanos se ven obligados a recurrir a los tribunales para garantizar los derechos educativos de sus hijos.
A pesar de las pretensiones de la demanda inicial, la resolución no anula en su totalidad el proyecto del centro. No obstante, impone un cambio directo en la práctica en las aulas para la alumna afectada. La dirección del colegio deberá reorganizar las materias para garantizar la impartición efectiva en castellano.
Este pronunciamiento fija un precedente jurisprudencial de gran calado para el conjunto del sistema educativo catalán. Las familias que deseen una enseñanza bilingüe real cuentan ahora con un respaldo jurídico mucho más sólido. Los argumentos del separatismo lingüístico pierden peso a medida que se pronuncien los altos tribunales.
El fallo demuestra que el modelo de inmersión total presenta grietas jurídicas insostenibles. La resistencia de la administración autonómica a acatar las decisiones de la justicia perjudica la convivencia en las aulas. Imponer una sola lengua por encima de la realidad social de la región acaba teniendo un recorrido judicial muy corto.
Resulta prioritario que el Departament d’Educació asuma la pluralidad lingüística de la sociedad catalana. La insistencia en arrinconar el castellano responde a un cálculo político distante del sentido común pedagógico. La neutralidad institucional debe imponerse de una vez por todas sobre los dogmas del nacionalismo.
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