El Sindicat Català de Presons (SICAP-FEPOL) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña contra una iniciativa del Departament de Justícia. El plan gubernamental busca incrementar de forma notable el número de reclusos que cumplen condena bajo el régimen abierto en las prisiones catalanas.
La estrategia prevé superar el umbral del 25% de la población penitenciaria en régimen abierto, lo que afectaría a un mínimo de 288 internos adicionales sobre un total de 9.597 reclusos. Según la organización sindical, esta medida responde a criterios de carácter político y estadístico más que a evoluciones individuales.
El eje central de esta flexibilización recae en la aplicación ampliada del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Este precepto autoriza que los reclusos clasificados en tercer grado queden exentos de pernoctar en el centro penitenciario, cumpliendo la pena en su domicilio habitual.
Los nuevos criterios adoptados permiten proponer esta fórmula a personas evaluadas con un nivel de riesgo de violencia medio o alto según la herramienta RisCanvi. De este modo, dichos parámetros de peligrosidad dejan de constituir un impedimento automático para la progresión de grado. Asimismo, la normativa interna rebaja la obligatoriedad de acreditar el pago de la responsabilidad civil impuesta a las víctimas. Este requisito económico pasa a considerarse únicamente cuando se estime relevante para los programas específicos de reinserción.
Desde este sindicato se advierte que estas modificaciones debilitan la protección de los derechos de las víctimas y vacían de contenido real las resoluciones judiciales. Asimismo, se critica que los mecanismos de control telemático o telefónico sustituyen de manera insuficiente la supervisión directa y diaria que aporta la estancia nocturna en prisión.
El sindicato también ha alertado sobre presiones ejercidas sobre las juntas de tratamiento debido a la escasez de plazas en el régimen ordinario. Se habrían detectado peticiones orientadas a cumplir cuotas numéricas prefijadas de terceros grados en lugar de evaluar de forma individualizada cada expediente.
Ante esta situación, la representación de los trabajadores ha trasladado toda la documentación recopilada al Ministerio Fiscal para que investigue la existencia de directrices numéricas. La solicitud incluye la revisión exhaustiva de aquellos casos que involucren antecedentes violentos, consumo activo o quebrantamientos previos.
Las exigencias de explicaciones institucionales se dirigen directamente al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, y al director general de Afers Penitenciaris, Domingo Estepa. Se les reclama transparencia total sobre las instrucciones impartidas y la asunción de responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades.
Finalmente, la organización sindical reitera su apoyo a la reinserción fundamentada en recursos adecuados y seguimiento técnico. No obstante, rechaza categóricamente que la gestión penitenciaria se instrumentalice para maquillar la falta de espacio en los centros mediante excarcelaciones masivas.
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