El Sindicat Català de Presons ha hecho pública una nueva denuncia este domingo por dos incidentes violentos registrados en centros penitenciarios catalanes. Los altercados se produjeron de forma consecutiva en las instalaciones gerundenses y barcelonesas durante la jornada matinal. El primer episodio tuvo lugar en el Centro Penitenciario de Lledoners (Barcelona) alrededor de las ocho y media de la mañana. Un recluso ubicado en el módulo residencial se negó de forma rotunda a acatar las órdenes reglamentarias de los trabajadores durante el protocolo de bajada.
Ante la negativa a abandonar su estancia, el personal penitenciario intervino para trasladar al individuo hacia la zona de acceso. Durante el procedimiento, el interno rompió las sujeciones de los agentes mediante un forcejeo violento que derribó a uno de los funcionarios contra el suelo. La actitud hostil continuó con intentos constantes de golpear y morder a los profesionales durante las labores de contención. Ante la gravedad de la situación de insubordinación, la dirección ordenó su ingreso inmediato en el Departamento Especial de Régimen Cerrado.
La segunda agresión se registró horas más tarde en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses, situado en Figueres (Gerona). Los operarios detectaron a un reo en una celda que no le correspondía y le instaron a retornar a su ubicación reglamentaria. Tras mostrarse desobediente y lanzar descalificaciones, el interno fue conducido hacia la sala de cacheos empleando los mínimos recursos de fuerza indispensables. En el trayecto, el recluso arremetió contra los empleados públicos con patadas y puñetazos, derribándolos contra el pavimento y unos contenedores.
El agresor intentó además arengar al resto de la población reclusa gritando proclamas para conseguir un objeto punzante con el que atacar al personal. Los altercados generaron un clima generalizado de tensión que obligó a activar los protocolos de emergencia y la intervención de equipos de apoyo. Desde la organización sindical advierten de una escalada insostenible tras contabilizarse tres incidentes graves acumulados en apenas cuatro días, incluyendo los hechos previos en Mas d’Enric. La central exige que estas conductas violentas se trasladen directamente a la autoridad judicial en lugar de quedar en simples trámites internos.
Asimismo, el sindicato ha reclamado al Departamento de Justicia una ampliación de las plantillas, dotaciones operativas y protocolos de seguridad eficaces. Las demandas de protección laboral se acompañan de duras críticas hacia la gestión institucional de la seguridad en los centros. Por último, la representación sindical ha reiterado de forma enérgica la dimisión de Domingo Estepa como máximo responsable de la dirección general. Las organizaciones profesionales insisten en que la integridad de los empleados públicos no puede quedar expuesta a una vulnerabilidad constante.
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