Barcelona ha dejado de ser aquella ciudad cosmopolita y predecible donde la delincuencia era un problema menor o estrictamente focalizado. La realidad actual de la capital catalana asusta. Dos tiroteos mortales en menos de una semana evidencian que el crimen organizado y la violencia violenta han echado raíces profundas ante la pasividad institucional. La plaza Kennedy, en el corazón del tradicionalmente tranquilo distrito de Sarrià-Sant Gervasi, se convirtió este viernes en el epicentro de una protesta ciudadana necesaria.
La movilización convocada por Vox no ha hecho más que dar voz a un malestar vecinal que la izquierda insiste en camuflar como simple percepción. Bajo el lema «Los vecinos de Barcelona no pueden más», la formación liderada en Cataluña por Ignacio Garriga ha sabido capitalizar una indignación transversal. No estamos ante una pataleta ideológica, sino ante el miedo real de ciudadanos que asisten atónitos a asesinatos a plena luz del día en las puertas de una comisaría. El deterioro de la convivencia ya no distingue entre barrios obreros y zonas residenciales altas.
El modelo de seguridad del PSC de Salvador Illa y de Jaume Collboni hace aguas por todas partes. De nada sirve desplegar miles de agentes en dispositivos especiales si la judicatura carece de herramientas eficaces y si el mensaje político sigue siendo de absoluta tibieza frente a la reincidencia. Los robos con violencia, el menudeo de drogas en los parques públicos y los asaltos a menores han dejado de ser la excepción para convertirse en la norma. El buenismo progre de la izquierda catalana prefiere mirar hacia otro lado antes que admitir el rotundo fracaso de sus políticas de fronteras abiertas y de la gestión de centros de menas conflictivos.
Mientras el Gobierno de la Generalitat se enreda en el relato oficial de que todo está bajo control, la ciudadanía percibe que las calles están desprotegidas. Se necesitan reformas legales contundentes, mayor respaldo institucional a las Fuerzas de Seguridad y la expulsión inmediata de los delincuentes extranjeros multirreincidentes que rompen la paz de nuestros barrios.
Es hora de abandonar la complacencia ideológica y afrontar el problema de cara antes de que Cataluña caiga en un punto de no retorno. Exigir ley, orden y el cierre de instalaciones que degradan el entorno vecinal es puro sentido común, no extremismo. La jornada de este viernes debe servir como un serio toque de atención para un ejecutivo socialista empeñado en priorizar los dogmas de su agenda antes que la integridad de las familias.
Barcelona no puede convertirse en un escenario habitual de ajustes de cuentas ni en una ciudad donde los jóvenes tengan miedo de regresar solas a casa por la noche. Quienes gobiernan tienen la obligación legal y moral de devolver la tranquilidad a las calles, o la contestación social en el espacio público no hará más que crecer.
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