El oasis catalán que Salvador Illa intenta vender desde el Palacio de la Generalitat no es más que un decorado de cartón piedra. El Partido Socialista de Cataluña (PSC) insiste en que su llegada al poder ha certificado la defunción del proceso separatista y ha traído consigo una era de paz social. Sin embargo, la realidad diaria desmonta este relato oficialista de reconciliación. El apaciguamiento no ha frenado las dinámicas nacionalistas, sino que las ha normalizado dentro de la propia administración.
Por ello, es una obligación democrática que el Partido Popular y VOX mantengan una labor de oposición frontal, contundente y sin concesiones para desgastar la fachada de un Govern que camina de la mano de los de siempre. Uno de los mitos más dañinos del sanchismo catalán es el supuesto fin de la agitación separatista. Illa asegura que las aguas se han calmado, pero lo que realmente ha sucedido es que el nacionalismo se ha instalado cómodamente en las estructuras del Estado gracias a los indultos, las amnistías y los pactos presupuestarios.
La tensión callejera puede haber disminuido por pura fatiga, pero el proyecto de ruptura sigue latente, financiado con el dinero de todos los contribuyentes. Una oposición débil frente a este espejismo solo serviría para legitimar la impunidad. PP y Vox deben seguir denunciando que los mismos que violaron la Constitución continúan marcando el rumbo político de Cataluña, ahora con el sello de aprobación del socialismo.
La degradación de los servicios públicos, con la escuela catalana a la cabeza, es la prueba más evidente del fracaso de las políticas de la izquierda y el nacionalismo. Durante años se priorizó la ingeniería social y la construcción de la identidad patria por encima de la excelencia académica, situando a Cataluña a la cola de los informes educativos nacionales e internacionales. El Govern de Illa, lejos de aplicar un giro de timón basado en el mérito y el rigor, continúa preso de los dogmas pedagógicos que han hundido el sistema. La fiscalización parlamentaria de la oposición debe ser implacable en esta materia, exigiendo que las aulas vuelvan a ser espacios de conocimiento y libertad, y no laboratorios ideológicos.
En este marco educativo y administrativo, la persecución lingüística de los castellanoparlantes no solo no ha cesado, sino que se ha sofisticado bajo el mandato del PSC. El derecho constitucional de los niños catalanes a estudiar también en su lengua materna sigue siendo sistemáticamente vulnerado por una burocracia que desprecia las sentencias judiciales. Las familias que osan reclamar el cumplimiento del bilingüismo son abandonadas por una izquierda que prefiere contentar a sus socios de ERC y Junts antes que defender los derechos civiles de millones de ciudadanos. La firmeza de la alternativa constitucionalista en las instituciones y en los tribunales es el único escudo que les queda a los catalanes que quieren vivir con normalidad en español.
Por último, resulta intolerable que desde Cataluña se siga alimentando y financiando el delirio pancatalanista de los supuestos Països Catalans. A través de generosas subvenciones a entidades cipayas del separatismo, el Govern exporta su agenda de división a territorios vecinos como la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la franja de Aragón y el sur de Francia. Esta injerencia cultural y política, pagada con los impuestos de los catalanes, busca debilitar la cohesión nacional y crear redes clientelares dedicadas a la agitación. La labor de control de PP y Vox es fundamental para cortar estos flujos financieros ideológicos y desenmascarar a un Salvador Illa que, tras su falsa moderación de gestor tecnócrata, esconde el mismo proyecto de sumisión al separatismo que Pedro Sánchez ejecuta en Madrid.
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