El catalán como herramienta de poder del PSC

Cada vez resulta más evidente que en Cataluña la lengua ha dejado de ser un instrumento de comunicación para convertirse en un instrumento de poder. El PSC, lejos de representar una alternativa al separatismo, ha asumido buena parte de sus postulados ideológicos y ha convertido la defensa del monolingüismo en catalán en una pieza central de su proyecto político. No se trata de proteger una lengua que forma parte del patrimonio cultural de España, sino de utilizarla para construir una realidad política diferenciada y cada vez más alejada del resto de la nación. El objetivo no es lingüístico. Es político.

Durante décadas, el nacionalismo catalán ha intentado presentar el catalán como algo más que un idioma. Lo ha convertido en una especie de certificado de autenticidad identitaria. Según este relato, hablar catalán no solo sería una opción cultural legítima, sino una demostración de superioridad moral, social e incluso intelectual. Lo catalán se presenta como moderno, europeo y avanzado; lo español, como una herencia incómoda de la que conviene distanciarse. El PSC, que en otros tiempos defendía la convivencia lingüística, ha terminado comprando buena parte de este discurso.

La inmersión lingüística constituye el mejor ejemplo de esta deriva. Lejos de garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales, se ha transformado en una herramienta de ingeniería social destinada a imponer una determinada visión de Cataluña. La obsesión por controlar qué lengua utilizan los alumnos dentro y fuera del aula, las presiones sobre los centros educativos y la vigilancia constante para que el catalán sea la lengua predominante en todos los ámbitos reflejan una voluntad de intervención que va mucho más allá de cualquier política razonable de promoción lingüística.

Pero la presión no termina en las escuelas. También se extiende al ámbito laboral y comercial. Bajo la bandera de los llamados «derechos lingüísticos», las administraciones catalanas han construido un sistema de sanciones, inspecciones y exigencias burocráticas que sitúa frecuentemente al español en una posición subordinada dentro de una comunidad autónoma que sigue formando parte de España. Resulta paradójico que quienes hablan constantemente de libertad y diversidad sean los mismos que consideran sospechoso que un ciudadano quiera desarrollar su actividad profesional o empresarial exclusivamente en español.

El argumento del catalán como ascensor social tampoco resiste el menor análisis. Pretender que una lengua hablada por una minoría de los ciudadanos españoles ofrece más oportunidades que el español, una de las grandes lenguas internacionales con presencia en decenas de países, constituye un ejercicio de voluntarismo político difícil de sostener. Sin embargo, el nacionalismo lleva años alimentando esta idea porque le resulta útil para justificar un entramado de privilegios y barreras administrativas que favorece a quienes ya forman parte de su ecosistema ideológico.

Donde esta estrategia resulta más visible es en el acceso al empleo público. Mientras un catalán puede presentarse a oposiciones en cualquier rincón de España utilizando exclusivamente el castellano, miles de españoles procedentes de otras comunidades encuentran enormes obstáculos para trabajar en Cataluña debido a las exigencias lingüísticas. El mensaje es claro: la movilidad funciona en una sola dirección. El resultado es una administración cada vez más cerrada sobre sí misma y menos accesible para el conjunto de los ciudadanos españoles.

La conclusión resulta difícil de evitar. Cuando el PSC habla de proteger el catalán, en demasiadas ocasiones no está defendiendo una lengua, sino consolidando un modelo de poder. El catalán merece respeto, protección y promoción, como cualquier otra lengua española. Lo que no merece es ser utilizado como una herramienta para discriminar, excluir o levantar fronteras entre ciudadanos que comparten los mismos derechos. Porque cuando una lengua deja de ser un vehículo de comunicación para convertirse en un mecanismo de control político, el problema ya no es lingüístico. Es democrático.

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