La función administrativa (1)

En mi artículo anterior, La Función Política,  intenté hacer notar la incongruencia de aceptar unos políticos a los cuales no se les exige cualificación ni responsabilidades, caso único entre todas las profesiones. Pero… ¿Qué pasa con la Administración? ¿Sigue criterios de racionalidad y eficacia?

Se supone que la Administración, que pagamos entre todos, tiene su razón de ser en los servicios que suministra a los ciudadanos, realizando, en las democracias avanzadas, una labor de corrección de desigualdades, gestión de la Justicia y muchas otras cosas, de interés social, y también individual, aunque a algunos pueda no parecérselo. Pero… ¿Justifica esta elevada misión que no se le pueda exigir competencia, eficacia, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones al mismo nivel como sí se le exige a cualquier otra empresa privada que suministre servicios?

¿Qué tiene que ver la bondad de los fines con la exención de esos requisitos? ¿Acaso no los lograría mejor, en mayor cantidad y calidad si no asumiera todos los niveles de competencia y responsabilidad que sí asume, por supervivencia o por imperativo legal, la empresa privada?

Actualmente tenemos dos leyes que supuestamente regulan la Administración: La Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, en las cuales se habla de eficacia y legalidad. Servicio a los intereses generales, etc. Todo un conjunto de buenas intenciones, pero… ¿Cuál es su sensación cuando tiene que dirigirse a la Administración?

¿Me equivoco si afirmo que siempre se siente una desagradable sensación cuando recurrimos a los servicios de la Administración o cuando ésta nos envía una notificación? ¿Nos pasa lo mismo cuando nos dirigimos a una empresa privada en la búsqueda de un servicio? ¿O es completamente diferente? ¿Nos tratan de la misma manera? ¿O sentimos, en este último caso, la agradable sensación de que tenemos la sartén por el mango, aunque por supuesto, sabemos que tenemos que pagar?

Pero igual es una sensación negativa injustificada. Un prejuicio personal. Así que bajo el PDF de la Ley del Procedimiento Administrativo y uso la función búsqueda para hallar la palabra “derecho” que me lleva al artículo 13: Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Y me encuentro con una lista de derechos básicos (9 apartados que les invito a leer). El más significativo el “f”, que dice que tenemos derecho: –A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

Busco la palabra “eficiencia” (aparece 7 veces), pero siempre como declaración de buenas intenciones (no se formaliza en nada en concreto). Repito con “transparencia” (8 veces), y sigue el mismo criterio de declaración de buenas intenciones. Resulta interesante buscar también la palabra “reclamaciones” (aparece 3 veces), pero renuncio a profundizar más en el océano de leyes que nos anega en búsqueda de esos derechos que alguna ley, que no se menciona, me confiere, según el apartado “f “citado.

Descargo también la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (transparencia), pero se sale de la intención de este artículo y mejor comprobaremos su aplicación sobre el terreno en otro específico, dado que de este concepto pende, en su mayor grado, la lucha contra la corrupción en su propia cuna.

Y así todo. Quedan muchas leyes secundarias por mirar, pero la tendencia es parecida, de modo que probablemente, la sensación opresiva de que antes hablaba, está plenamente justificada, porque, por otra parte, cuando usted se dirige a la Administración por cualquier motivo, la relación de fuerzas es brutalmente desproporcionada. Es usted frente a la Administración. Un ciudadano particular, desconocedor en la mayoría de los casos del entresijo legal, frente a un ente abstracto sin cara ni ojos, que se supone que existe para servirlo, pero que actúa como un titán que impone sus condiciones de plazos, cuotas, obligaciones, etc., pero que, al revés, no acepta plazos de respuesta o responsabilidad por los perjuicios que la lentitud de sus servicios, o sus errores (que habrá que demostrar en largos procesos en que son juez y parte), puedan causar al ciudadano. La Administración reconoce que está para servirnos, pero en la práctica se comporta como un ente de poder que se sirve de nosotros para su propia existencia sin admitir ni siquiera reciprocidad en las obligaciones mutuas, cuando en buena práctica, como en toda empresa de servicios, debería asumir más compromisos que los que exige.

dCIDE quiere cambiar la relación ciudadano-Administración, aplicándole criterios de gestión empresarial, pero sobre todo, humanizándola en su relación con aquél a quien dice servir, y que además, la paga. Algo que debería ser natural. El cómo quedará, para el siguiente artículo.

Juan José Ibáñez. Ingeniero Industrial.

Candidato dCIDE a la alcaldía de Barcelona


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