En determinados sectores del separatismo radical catalán, la Guardia Civil no es un cuerpo policial: lo ven como un símbolo del enemigo, unas “fuerzas de ocupación” que impide la impunidad a la que aspiran. Se la presenta como como un aparato represivo, como un vestigio de un Estado autoritario. Ese discurso cala en determinados entornos, se normaliza y se traduce en hostilidad cotidiana, cuando los agentes de la Benemérita son conocidos por su eficacia en la lucha contra la delincuencia y por su clara voluntad de servicio a nuestra sociedad.
Pero esta situación es muy real. No es solo una cuestión de pancartas o discursos. Es una atmósfera. Una sensación de ser observado, cuestionado, señalado. Y frente a esta situación injusta, el apoyo político del Gobierno brilla por su ausencia. Es especialmente doloroso el ejemplo del Instituto El Palau en Sant Andreu de la Barca, en el que hijos de agentes de la Guardia Civil fueron señalados por los profesores en los momentos más duros del proceso separatista. Pero es solo una muestra del rencor social que algunos sectores secesionistas tienen hacia los agentes de la Guardia Civil que luchan por el respeto a nuestro sistema constitucional.
Detrás de las estadísticas y los debates competenciales hay personas. Agentes que ven cómo su trabajo se devalúa, cómo sus condiciones no mejoran, cómo su institución es cuestionada. Familias que viven en cuarteles deteriorados, que pagan alquileres altos si optan por salir de ellos, que sienten que su sacrificio no es reconocido. El coste humano del abandono no aparece en los presupuestos generales del Estado, pero se paga en motivación, en desgaste psicológico.
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