La demanda de bilingüismo efectivo en Cataluña es un clamor de la ciudadanía que choca frontalmente con la imposición monolingüe de la Generalitat y otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona o el de L’Hospitalet de Llobregat, ambos gobernados por el PSC.
Los rótulos, señales de tráfico y carteles de las administraciones públicas se han convertido, de manera sistemática, en escaparates exclusivos del catalán. Esto no es solo un capricho político; es la marginación activa del castellano en la esfera pública, una lengua oficial y de millones de catalanes. Es hora de que el castellano ocupe su lugar legítimo junto al catalán.
Esta imposición no responde a la realidad sociolingüística de Cataluña. En calles, carreteras y edificios oficiales, es común ver únicamente el idioma catalán. Esta práctica va en contra de la igualdad de derechos lingüísticos que debería regir en una comunidad bilingüe. Al relegar el castellano, el Gobierno catalán envía un mensaje claro de exclusión, fomentando una división innecesaria entre los ciudadanos.
La pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSC ante esta situación es incomprensible y sumamente crítica. El partido socialista, supuestamente garante de la Constitución, opta por la sumisión a la agenda secesionista. Esta falta de firmeza se percibe como un ataque a los millones de ciudadanos que tienen el castellano como lengua propia y demandan su presencia visible en el espacio público.
Frente a la inacción política, son las entidades cívicas las que lideran la resistencia. Organizaciones como Convivencia Cívica Catalana, Hablamos Español e Impulso Ciudadano han alzado la voz de forma ejemplar. Estas plataformas están realizando un trabajo fundamental para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al bilingüismo en cada rincón de Cataluña, desde Barcelona hasta Gerona o Lérida.
La labor de estas asociaciones es constante y crucial. Recopilan pruebas, presentan denuncias y batallan en los tribunales contra la administraciones públicas. Su objetivo es simple y justo: que la doble oficialidad del castellano y el catalán se respete también en la información pública. Es una defensa del sentido común y de la pluralidad de Cataluña.
Esta lucha por el bilingüismo va más allá de un tema estético. Es un tema de derechos y de seguridad. En ocasiones, la falta de rotulación en castellano en señales de tráfico puede generar confusión en conductores no habituales, afectando la seguridad vial. La omisión del castellano en carteles de servicios públicos es, además, una barrera innecesaria para muchos ciudadanos.
El respeto a ambas lenguas es la base para una convivencia cívica sana. Un espacio público que refleje la diversidad de sus ciudadanos es un espacio más integrador. La inclusión del castellano en la señalización es un gesto de respeto institucional hacia todos los catalanes, independientemente de su lengua materna.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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