La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL denuncia que la salida de la Guardia Civil de Cataluña está cada vez más próxima. «El Gobierno central y la Generalitat continúan ejecutando un plan perfectamente orquestado para desmantelar, pieza a pieza, las competencias y la presencia de la Benemérita en el territorio catalán», argumentan.
El fin de L’Estartit: imposición y recorte encubierto
A través de informaciones que le ha llegado del propio Cuerpo, JUCIL ha tenido acceso al plan diseñado por la Dirección General y la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de Madrid para acabar definitivamente con la presencia de la Guardia Civil en L’Estartit (Girona). La propuesta formal consiste en hacer desaparecer esta base histórica de la Costa Brava y unificar los efectivos restantes en Barcelona y Madrid.
Bajo la falsa premisa de una «reorganización operativa», la realidad esconde un tijeretazo salvaje a la plantilla. JUCIL añade que «parece que el plan de la Dirección General —impuesto de manera unilateral y sin consultar a la jefatura de la zona— pretende dejar la plantilla combinada en tan solo 11 personas. Teniendo en cuenta que Estartit contaba inicialmente con 6 agentes y Barcelona con 12 (luego reducidos a 10), la suma real debería ser de 16 efectivos. La eliminación de estas plazas supone perder prácticamente un tercio de la plantilla en Cataluña de golpe, una decisión que desde JUCIL calificamos como intolerable y ejecutada porque sí».
Además, la asociación denuncia las trabas y artimañas administrativas que están sufriendo los agentes destinados en la zona. JUCIL critica que la Administración está aprovechando cualquier mínimo problema burocrático, como meros fallos técnicos o retrasos de apenas dos días en la tramitación de los reenganches por problemas con las tarjetas de identificación, para dejar a los efectivos en el limbo laboral. Lejos de subsanar estos errores de buena fe, se están utilizando de forma torticera para forzar traslados a puestos de reserva en el Servicio Marítimo con el único fin de quitar personal de en medio y acelerar el cierre total de la base. Aunque la resolución oficial de esta reestructuración está pendiente de publicación en el Boletín Oficial, el plan ya está en marcha para ejecutarse en apenas unos meses.
El goteo de cierres: el GEDEX de Tarragona y el SEPRONA de Puigcerdà
Esta estrategia de repliegue no se detiene en el entorno marítimo. JUCIL alerta de que la pérdida de especialistas en Cataluña es un goteo incesante y denuncia el próximo cese del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) en la Comandancia de Tarragona. Al igual que ocurre con otras especialidades, este desmantelamiento encubierto bajo el pretexto de un «proceso estatal de unificación» dejará al territorio sin un servicio crítico de intervención rápida frente a artefactos explosivos, obligando a los agentes adscritos a cambiar de destino o de especialidad y mermando, todavía más, el potencial operativo de la Guardia Civil en la provincia.
Este nuevo golpe se suma a la situación de la unidad del SEPRONA en Puigcerdà, que lleva meses completamente cerrada, sin que la Dirección General haya anunciado vacantes ni comisiones de servicio para cubrir los puestos vacíos. Esta inacción resulta especialmente sangrante si se recuerda que la Comarca de la Cerdanya lleva tiempo exigiendo el refuerzo de este puesto debido a las necesidades medioambientales de la zona. De hecho, el verano pasado se aprobó una moción, presentada por JUCIL, que contó con el voto a favor de todos los partidos del arco parlamentario, incluidos los independentistas, quienes manifestaron explícitamente que no querían que el SEPRONA desapareciese de la comarca. El Ministerio del Interior ignora deliberadamente a las instituciones locales con tal de cumplir su agenda de repliegue.
Concesiones políticas ilegítimas de Salvador Illa
Desde JUCIL se recuerda que este abandono institucional responde a los peajes políticos del Ejecutivo. Salvador Illa, careciendo por completo de competencias para decidir sobre el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha pactado con ERC la cesión de la seguridad de puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra como moneda de cambio para sacar adelante los presupuestos.
«No estamos ante criterios de eficiencia policial, sino ante una humillación constante a los guardias civiles y una desprotección flagrante de los ciudadanos de Cataluña», declaran desde JUCIL. «Primero fulminaron al GEAS en L’Estartit, mantienen el SEPRONA de Puigcerdà bajo llave y ahora desmantelan el Servicio Marítimo reduciendo las plantillas a la mínima expresión. No vamos a permitir que se expulse a la Guardia Civil por la puerta de atrás para satisfacer las exigencias de los socios de Gobierno».
JUCIL anuncia que utilizará todos los recursos legales y de presión a su alcance para frenar esta sangría de efectivos y exigir la convocatoria inmediata de todas las plazas vacantes en Cataluña, garantizando la permanencia y la dignidad de los agentes que defienden la seguridad del Estado en esta comunidad.
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