La función política

Los ciudadanos estamos acostumbrados a que los partidos nos digan lo que piensan hacer con nosotros, generalmente en forma de promesas que casi nunca, o nunca, se cumplen, pero jamás les hemos oído decir, a ninguno, lo que podrían hacer con ellos mismos, más allá de generalidades ambiguas del tipo: mejoraremos la gestión. Lucharemos contra la corrupción, etc.

Sin embargo, si cambiamos el foco de los ciudadanos a los políticos, enseguida podemos ver que constituyen una clase única de profesionales que gozan de unas, llamémosles, peculiaridades, que no se dan en ninguna otra profesión legal: los políticos son los únicos profesionales a los que no se les exige cualificación, que no asumen responsabilidades y que no están sometidos a ninguna ley o reglamento específico (debe ser porque no han tenido tiempo de hacerlo). Esta situación que no toleraríamos en ninguna otra profesión, sin embargo, nos parece normal en la función política. O simplemente no nos parece nada, porque no estamos acostumbrados a pensar sobre ello, aunque sí a echar pestes de los que se dedican a ese oficio.

¿Pero es bueno que así sea? Si extrapolamos esas condiciones a cualquier otro trabajo, por ejemplo, si permitiéramos que médicos, ingenieros, electricistas, panaderos, o lo que ustedes quieran poner, realizasen su cometido sin cualificarse, sin asumir responsabilidades y sin someterse a ninguna normativa, no sería difícil concluir que esa permisividad conduciría esas profesiones a la ineficiencia, la incompetencia, la corrupción y en general, al mal servicio y perjuicio de sus clientes.

¿Existe alguna razón, o milagro, por la que el ejercicio de la función política, tal como se ejerce, esté exenta de esas consecuencias negativas? ¿O son, precisamente, esas consecuencias negativas las que la sociedad viene soportando desde el principio de los tiempos por eximir a los que detentan, y detentaron, el poder, de esas exigencias?

¿Por qué, lo que en cualquier otra profesión sería absurdo e intolerable, se considera lógico y tolerable en la función política?

¿Por qué los ciudadanos no pensamos sobre este asunto transcendental?

Sé que algunos piensan que no se puede exigir cualificación a un político porque todo ciudadano tiene derecho a ser elegido. Y vale. Le cedo el punto. ¿Pero por qué no se le ha de exigir responsabilidad sobre sus actos? Pues me bastaría con eso para que el dicho ciudadano se cuidara muy mucho de estar cualificado en previsión de las consecuencias de sus actos. ¿O se atrevería un ingeniero a operar a un enfermo, suponiendo que se le permitiera bajo su responsabilidad, por mucho que se le pague? ¿O un médico a diseñar un puente en la misma situación? Tener derecho no exime del deber de cualificarse, porque de lo contrario se está estafando a quien se supone que se sirve. Sólo se me ocurre otro colectivo que tiene derechos sin obligaciones ni responsabilidades: los niños. Y sí. También un niño situado en el puente de un barco puede elegir el rumbo, si se le deja. Otra cosa será dónde se acabe.

Así que para dCIDE, el primer paso de una regeneración política pasa por reglamentar la función política, cualificarla y responsabilizarla. Y esto no significa que se quiera fastidiar a los políticos, sino todo lo contrario: dignificarlos de acuerdo a su alta misión. No conozco, actualmente, una profesión más denostada que la suya aunque se la envidie por su poder. Necesitamos políticos, dignos y competentes, sin miedo a asumir responsabilidades, como cualquier buen profesional. En otro tiempo teníamos curanderos. No estaban realmente cualificados, no asumían responsabilidades ni se les sometía a reglamento alguno. Y sí. Hacían su trabajo y algo ayudaban. Cuando menos consolaban y daban esperanzas (y engañaban). Ahora tenemos médicos. Cualificados, responsables y reglamentados. Y mayormente son muy respetados y hacen un gran servicio social. Y hay muchos más médicos ahora, que antes curanderos. ¿Qué hace a los políticos diferentes?

dCIDE se presenta por primera vez a unas elecciones; en este caso las municipales de los Ayuntamientos de Barcelona, Reus y Almacelles. Su nombre es un acrónimo (de Centro Izquierda De España), pero somos conscientes de que partidos ya tenemos muchos y de todos los colores, así que para más de lo mismo no hacemos falta. dCIDE principalmente está formado por ciudadanos cuyo principal objetivo, por el bien de todos, es responsabilizar y dignificar la política como primer paso. Vendrán otros pasos antes de prometerles nada. En realidad, hacer promesas no es profesional. Lo que nos gustaría es poder firmar contratos con la ciudadanía. Pero hoy en día, usted puede hacer un contrato de alquiler, por ejemplo, porque existe una ley de alquileres, pero ningún partido puede hacer un contrato con la ciudadanía porque no existe una ley que regule esa relación partido-ciudadano. Algo que hay que cambiar.

Juan José Ibáñez (Ingeniero)

Candidato dCIDE a la alcaldía de Barcelona