El mayor éxito del independentismo catalán hasta la fecha ha sido que todos los partidos y medios de comunicación incorporen su terminología. Partiendo de una posición de debilidad que necesitaba evitar llamar a las cosas por su nombre, los nacionalistas han conseguido que el uso de eufemismos como “derecho a decidir” o “desconexión” sea convencional.
Por poner unos ejemplos, en vez de decir que quieren ejercer el derecho de autodeterminación para crear un nuevo estado, como saben perfectamente que no cumplen con los requisitos establecidos por las Naciones Unidas para llevarlo a cabo, se crea el eufemismo del “derecho a decidir”, que no existe jurídicamente y que no tiene contenido en sí mismo, más allá de esconder lo que realmente se pretende, que es la creación de un estado catalán; asimismo, en vez de decir claramente que se pretende romper con el orden constitucional y democráticamente establecido o se afirma que el tránsito a una república catalana se hará sin problemas legales, pasando de la ley a la ley, dejando de aplicar las leyes españolas para aplicar sólo las catalanas. Se pervierten los conceptos, utilizando un lenguaje equívoco.
A partir de la épica que viene suponiendo la incitación emocional a la desconexión con España, dirigida a la creación de esa nueva república, los nacionalistas han logrado que los mencionados eufemismos “derecho a decidir” y “desconexión” se hayan adoptado por todos, formen parte del debate social y político. Incluso han pretendido apropiarse del concepto de democracia, contraponiéndola a la ley, afirmando que la ley no puede coartar a la democracia, para justificar de este modo que el ejercicio del “derecho a decidir” sea visto como ejercicio democrático aunque no encaje dentro de nuestro orden jurídico.
Esta estrategia, además de lograr una ventaja táctica imponiendo una semántica política que encuadra el debate a su favor y hace bascular la argumentación hacia sus postulados desde una sofística desconocida en tiempos de democracia, ha permitido a los independentistas que este relativismo desborde el ámbito sociopolítico y se extienda al campo de los conceptos jurídicos. Basándose en el peor Schmitt, rechazando el parlamentarismo democrático pluralista en aras de la construcción de su estado nacional, este tipo de nacionalismo rompe con el significado de las instituciones, pervirtiéndolas, desnaturalizándolas y haciéndoles operar jurídicamente fuera de su propio significado.
El voto, por ejemplo, que es la expresión de la voluntad individual, pretende también ser superado por la presencia de las masas en las plazas y las calles, perdiéndose así las garantías de la expresión de un derecho de participación propio de cada persona en democracia, sistema que pasa a ser la expresión líquida de las aspiraciones de un grupo, más o menos numeroso, que pretende sustituir a todo el cuerpo electoral e imponer su voluntad, siempre parcial, por ser una parte, al todo.
Este “todo vale” ha llevado también a la aparición recurrente de supuestos conceptos políticos como el de la plurinacionalidad, que aceptan tácitamente y acríticamente el ideario nacionalista que explica España como una realidad geográfica carente de continuidad Histórica propia. Una mera colección de nacionalidades, una negación de una realidad histórica, política y jurídica. No se trata de una disquisición menor o meramente tangencial, sino que afecta de plano a la definición de nuestro espacio de convivencia.
El corolario de esta tesis es, para algunos, una reforma constitucional que se pretende formal. Sin embargo, la plurinacionalidad no gravita en una mera reforma para adaptar el texto constitucional a unas nuevas necesidades, sino que acarrea un proceso constituyente para remplazar la actual Constitución, habida cuenta de que los principios que fundamentarían la aprobación del texto están más allá de la constitución existente, con la cual tendría que romper necesariamente. Estaríamos, pues, ante un acto constituyente basado en falacias políticas y anacronismos históricos. Dado que la Soberanía Nacional reside en el pueblo español y ambos son, por mandato constitucional, indivisibles.
La plurinacionalidad abocaría a la voladura del actual sistema constitucional y a la adopción de otro modelo que nos colocaría en las antípodas de los sistemas constitucionales de nuestro entorno. Como cualquiera de nuestros vecinos europeos, España es más que la suma de sus partes. No hay nada en nuestro pasado en común que nos aboque a la excepcionalidad.
Nuestro texto constitucional hace referencia al pueblo español como sinónimo de ciudadanía, no de etnia. Y lo hace para subrayar la igualdad de derechos y obligaciones y la ausencia de privilegios arbitrarios de supuesto origen histórico. La Constitución Española incluye unos valores políticos plurales que transcienden los particularismos identitarios al definir al sujeto político. Consagra incondicionalmente las libertades y el bien común desde la igualdad y el respecto a la ley. Una Constitución forjada en estos principios es un valor en sí misma. Es el fruto de una libre asociación de personas unidas por lazos de ciudadanía. No es un punto final, sino un punto de partida para construir una comunidad cívica de iguales, partiendo de la premisa de que no hay democracia sin ley y que la ley se inserta en la democracia.
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