Cada vez que los catalanes tenemos la oportunidad de expresar públicamente nuestro apego a España, la respuesta suele ser masiva. Ocurre cuando juega la selección nacional en Cataluña, cuando celebramos una victoria deportiva que une a todos los españoles, cuando nos visita el buque-escuela Juan Sebastián Elcano o cuando las Fuerzas Armadas organizan jornadas de puertas abiertas y en otros eventos de todo tipo.
Se trata de una realidad que incomoda tanto al separatismo como a sus actuales socios políticos socialistas. Porque, después de más de cuatro décadas de hegemonía nacionalista en las instituciones catalanas, el independentismo no ha conseguido arrancar de millones de ciudadanos su sentimiento de pertenencia a España. Ese fracaso explica buena parte de la frustración de quienes llevan años intentando construir una Cataluña uniforme, monolingüe y desvinculada emocionalmente del resto de la nación española.
Sin embargo, si el separatismo ha logrado avanzar posiciones durante todos estos años no ha sido únicamente por sus propios méritos. Ha contado con la colaboración activa o pasiva de los sucesivos gobiernos de España, que han preferido pactar con quienes quieren destruir el proyecto común antes que respaldar a quienes lo defienden. Ningún presidente ha estado libre de responsabilidad, pero es indudable que Pedro Sánchez ha llevado esa política hasta límites nunca vistos. La amnistía, la dependencia parlamentaria de los votos separatistas y la continua cesión de poder político y simbólico a los herederos del procés constituyen el mejor ejemplo de ello.
En Cataluña, además, esa estrategia tiene un nombre propio: Salvador Illa. El actual presidente de la Generalitat se presentó como la alternativa moderada al separatismo, pero en la práctica ha mantenido intactos muchos de los pilares ideológicos construidos por el nacionalismo durante décadas. La política lingüística, educativa y cultural sigue girando alrededor de los mismos dogmas que impulsaron ERC y Junts. El PSC continúa aceptando que el catalán sea la única «lengua propia» de Cataluña y evita cuestionar los postulados identitarios que han servido para dividir a los ciudadanos entre buenos y malos catalanes.
Conviene recordar que el millón largo de personas que salieron a la calle los días 8 y 29 de octubre de 2017 no lo hicieron para reclamar amnistías ni para facilitar el regreso triunfal de Carles Puigdemont. Aquellos ciudadanos se manifestaron para defender la Constitución, la unidad de España y el Estado de derecho frente a un golpe separatista. Mientras miles de banderas españolas inundaban las calles de Barcelona, millones de catalanes confiaban en que el Gobierno de la nación haría valer la ley y protegería sus derechos. Nueve años después, muchos de ellos contemplan con estupor cómo quienes promovieron aquel desafío son tratados como socios preferentes del Ejecutivo.
A pesar de todo, el sentimiento español sigue resistiendo en Cataluña. Lo hace gracias a miles de ciudadanos anónimos que se niegan a aceptar el relato nacionalista y que aprovechan cualquier ocasión para demostrar que Cataluña también forma parte de España. Porque frente a quienes pretenden monopolizar la identidad catalana, conviene recordar una evidencia que ni el separatismo ni el PSOE han conseguido borrar: Cataluña sigue siendo España y millones de catalanes siguen sintiéndose orgullosos de ello.
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