La salud de nuestra democracia se enfrenta a desafíos que van mucho más allá de los escándalos financieros de personajes como Ábalos o Koldo. Si bien el saqueo de las arcas públicas es deleznable y debe combatirse con el Código Penal, el daño que causan Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi es mucho más profundo.
Estos líderes secesionistas no solo gestionan presupuestos, sino que envenenan las almas de millones de compatriotas con leyendas de superioridad cultural y lingüística. El fanatismo de la casta del proceso ha logrado que muchos ciudadanos exijan honradez económica mientras compran discursos de odio contra lo español.
La inmersión lingüística forzosa es la herramienta perfecta para crear ciudadanos de primera y de segunda en función de su lengua. Cada barrera idiomática en el acceso a un empleo público es un ataque directo a la línea de flotación de nuestra Nación. El principal reto de nuestra democracia es combatir este tribalismo que excluye a profesionales y empresas por no utilizar las lenguas cooficiales.
Pedro Sánchez ha permitido que estos sectores radicales se conviertan en los dueños del destino de España a cambio de su permanencia en el poder. Defender la igualdad ante la ley es hoy una tarea de resistencia frente a la legión de apoyos que sostienen al sanchismo. No podemos permitir que el sectarismo lingüístico del nacionalismo siga levantando muros entre españoles.
La exclusión del castellano en las aulas no es una cuestión pedagógica, sino un plan premeditado de ingeniería social. Mientras el Gobierno central mira hacia otro lado, los derechos de las familias son pisoteados sistemáticamente por la Generalitat de Salvador Illa. La superioridad moral que se arrogan estos grupos es el velo que tapa su profunda hispanofobia.
Para ellos, cualquier manifestación de cultura común es vista como una agresión externa que debe ser erradicada. Esta mentalidad es mucho más letal que la malversación, pues destruye los vínculos afectivos y legales que nos mantienen unidos como pueblo. La resistencia cívica contra el separatismo debe ser firme y constante frente a las cesiones del PSC y del PSOE.
El futuro de nuestra convivencia depende de que la ley vuelva a ser igual para todos, sin excepciones tribales. Sánchez ha entregado las llaves de la gobernabilidad a quienes tienen como único objetivo la destrucción del Estado de derecho. Esta alianza con lo peor de la política española nos conduce a una irrelevancia institucional sin precedentes. Es hora de reivindicar una España donde el mérito y la capacidad estén por encima del carné lingüístico.
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