El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a situarse en el centro del debate político local. En esta ocasión, la controversia gira en torno al uso del catalán en el sector comercial de la capital catalana. La gestión del gobierno del socialista Jaume Collboni ha desatado duras críticas entre las formaciones separatistas de la ciudad.
Junts, ERC y la CUP han alzado la voz contra la administración municipal. Reprochan al consistorio barcelonés su falta de contundencia a la hora de hacer cumplir la legislación lingüística. A su juicio, el equipo de gobierno actúa con excesiva tibieza frente a los comercios que no atienden ni rotulan en catalán.
La polémica saltó a la luz tras la denuncia formal presentada por un activista lingüístico. El escrito señalaba directamente a un total de 76 establecimientos comerciales de la ciudad. Tras la reclamación, el Síndic de Greuges de Catalunya requirió explicaciones oficiales al Ayuntamiento para conocer las medidas adoptadas.
La respuesta del gobierno local ha sido clara pero controvertida. En su informe remitido al Síndic, el ejecutivo de Collboni admite que no ha abierto expedientes sancionadores a los locales denunciados. Tampoco ha enviado a los inspectores municipales a verificar sobre el terreno las presuntas infracciones cometidas.
Desde el consistorio se argumenta un cambio de enfoque en la gestión. La prioridad del equipo de gobierno no pasa por el castigo ni por la vía punitiva. En su lugar, el Ayuntamiento asegura que defiende una estrategia basada en la sensibilización, el asesoramiento pedagógico y la promoción voluntaria del idioma.
Como única medida directa, la Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) dice que envió cartas a los negocios señalados. En estas misivas se recordaba a los comerciantes el marco normativo vigente. El texto incidía en los derechos lingüísticos que amparan a los consumidores en Cataluña.
Esta forma de actuar no ha gustado a sus socios potenciales en el ámbito separatista. Es el caso de Esquerra Republicana, cuya portavoz municipal, Elisenda Alamany, ha liderado las críticas. ERC exige un giro radical que pase por aplicar con rigor las multas previstas en la ley. Los republicanos ya han anunciado la presentación de iniciativas de control en el consistorio. También han criticado al PSC tanto Junts como la CUP. Pretenden forzar al gobierno municipal a rectificar su política de laxitud y a desplegar un cuerpo de inspección específico. La presión del independentismo busca convertir el idioma en un eje de confrontación política permanente.
Collboni practica una política de usar casi siempre solo el catalán en los rótulos y señales municipales, excluyendo a la lengua española. También en la cartelería municipal. Y, de hecho, Collboni despidió a docenas de trabajadores municipales como operarios, camareros, músicos o camareros por razones linguisticas, al no tener un certificado avanzado de uso de catalán.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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