El colapso de Rodalies ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en un campo de batalla político. Junts per Catalunya ha decidido elevar la presión sobre el Govern de Salvador Illa tras los recientes ceses en Renfe y Adif. Para la formación separatista, la salida de los directivos es un movimiento cosmético que no resuelve la raíz del conflicto.
El portavoz de Junts, Salvador Vergés, fue tajante al calificar a los directivos destituidos como simples «cabezas de turco». Consideran que el Ejecutivo central busca cerrar la crisis con sacrificios menores sin asumir la responsabilidad política de fondo. El malestar en las filas del prófugo Carles Puigdemont es evidente y apunta directamente a la gestión socialista.
La propuesta estrella de los junteros es llevar las deficiencias del servicio ante los tribunales. Exigen que la Generalitat denuncie a Renfe y Adif por su presunta responsabilidad civil y penal en el caos ferroviario. No se conforman con protestas verbales; quieren que la justicia española intervenga en la gestión de las infraestructuras del Estado.
Junts no descarta actuar por cuenta propia si el Govern de Salvador Illa mantiene su actual pasividad. Están estudiando emprender acciones legales de forma independiente para forzar una respuesta judicial. Esta estrategia busca retratar al PSC como un gestor incapaz de defender los intereses de los catalanes frente a Madrid.
El impacto económico del desastre ferroviario también está en el centro del debate político. Vergés recordó las estimaciones de la patronal Pimec, que cifra las pérdidas en nueve millones de euros diarios. Es una factura inasumible que el tejido empresarial catalán está pagando por la falta de inversión crónica del Estado.
Desde Junts exigen que sean Renfe y Adif quienes asuman íntegramente estos costes directos e indirectos. No aceptan que el ciudadano o las empresas locales carguen con las consecuencias de una gestión deficiente. La reclamación de daños se perfila como el próximo gran caballo de batalla en el Parlament.
La formación también ha aprovechado la crisis para torpedear el acuerdo de traspaso pactado entre el PSC y Esquerra Republicana. Consideran que el modelo de gestión compartida es un engaño que mantiene el control real en manos del Ministerio de Transportes. Para Junts, cualquier solución que no pase por el control del 100% de la red es papel mojado.
Critican con dureza que la Generalitat acepte una participación minoritaria frente al poder central. Esta postura choca frontalmente con la política de pactos de los republicanos, a quienes acusan de ser demasiado dóciles. La competencia por el relato soberanista se agudiza mientras los trenes siguen sufriendo retrasos sistemáticos.
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