
Estamos a un par de semanas del segundo aniversario del 6 y el 7 de septiembre, y es necesaria más que nunca, ante la escalada verbal de algunos líderes secesionistas como Quim Torra, una reflexión serena sobre todas las barbaridades jurídicas que se cometieron en el Parlament en los plenos celebrados esos dos días.
Es necesario que todos, constitucionalistas y secesionistas, reflexionemos sobre cómo esos dos días se intentó amordazar a la oposición y excluir del sistema político catalán a más de la mitad de la población.
El 6 y el 7 de septiembre de 2017 la mayoría separatista del Parlament aprobó la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad, en unos plenos sin garantías jurídicas, con continuos avisos de los letrados de la cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias a los partidos secesionistas sobre las ilegalidades que estaban perpetrando.
Sería bueno que los dirigentes secesionistas detuvieran su huida hacia adelante, reflexionaran sobre lo que hicieron esos dos días y buscaran salidas, dentro de la legalidad, para que la sociedad catalana deje de ser una sociedad enfrentada.
De entrada, los dirigentes secesionistas deberían reconocer sus errores y pedir perdón. Vista la actitud de Quim Torra, Carles Puigdemont o Roger Torrent, parece casi imposible. Cuando el «lo volveremos a hacer» se ha convertido en el nuevo mantra del secesionismo, apenas queda margen de maniobra para el entendimiento.
Comentario editorial de elCatalán.es
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