El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención alguna de forzar a la Generalitat a cambiar el sistema de inmersión lingüística que la sentencia del Tribunal Supremo dictaminó ya como finiquitada.
Este viernes finaliza el plazo que la justicia otorgó a la Generalitat para que adapte la sentencia del Tribunal Supremo, y la realidad es que el ejecutivo central dejará abandonadas a las familias catalanas que quieren una escolarización también en castellano.
La asociación ‘Escuela de Todos‘ presentará el próximo martes 29 de marzo una demanda colectiva que cuenta con el apoyo de 1.500 firmas, recogidas con un arduo trabajo que ha durado más de dos meses con carpas en diferentes puntos de Cataluña.
«El Ministerio debería ser quién asumiera la tarea de conseguir la eficacia de la decisión. No parece, sin embargo, que vaya a hacerlo así«, afirma el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, en declaraciones al digital ‘The Objective’.
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