El activismo identitario vuelve a la carga en Cataluña con la puesta en marcha de una nueva plataforma digital. Bajo el nombre de Tenimllengua.cat, esta herramienta recupera el espíritu de las antiguas aplicaciones que se podrían considerar de control lingüístico. Una iniciativa que buscaría fiscalizar el idioma en el que atienden los pequeños comercios y establecimientos de hostelería.
El proyecto cuenta con el apadrinamiento directo de la Plataforma per la Llengua, una entidad generosamente subvencionada con dinero público durante los sucesivos gobiernos separatistas y del tripartito. La web permite a los usuarios señalar qué locales utilizan el catalán y calificar el trato recibido. Bajo el pretexto de promover el «consumo responsable», se podría consolidar un sistema de vigilancia ciudadana sobre el pequeño tejido empresarial.
Esta iniciativa no es más que la actualización de la antigua CatalApp, creada en 2017 y caída en desuso por sus elevados costes. Aquel experimento generó en su momento una fuerte polémica por fomentar listas de comercios según el idioma empleado con los clientes. Lejos de rectificar, el nacionalismo insiste en dividir a los ciudadanos y presionar a los comerciantes en un momento de evidente vulnerabilidad económica.
El plan de los impulsores pasa por convertir esta guía en un negocio rentable a costa de la posible presión reputacional. La pretensión final es que los propios establecimientos paguen cuotas para figurar como referentes del uso del catalán. Una estrategia que podría buscar que el comerciante pase por caja para destacar ante el sector más radicalizado en favor del uso preferente o exclusivo del catalán.
Resulta alarmante cómo se normaliza la injerencia en las libertades individuales y comerciales bajo la tibia mirada de la izquierda en el Gobierno. En lugar de proteger la libre elección del consumidor y la neutralidad del mercado, la inacción institucional avala el señalamiento al comerciante. Cataluña recupera así una dinámica divisiva que sitúa la ideología por encima de la convivencia y el libre comercio.
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