El Sindicat Català de Presons ha hecho pública una denuncia formal tras registrarse un episodio de carácter sexual contra una trabajadora en las instalaciones penitenciarias de Lledoners. El suceso tuvo lugar durante la tarde del pasado domingo, concretamente alrededor de las 18:45 horas.
Los hechos ocurrieron cuando un recluso invadió el espacio personal de una jefa de unidad y le propinó tocamientos carentes de cualquier tipo de consentimiento. La empleada pública reaccionó de forma instantánea recriminando al interno su inaceptable actuación. Dicha respuesta inmediata motivó la movilización del responsable de servicios del centro, lo que derivó en la activación protocolaria de un código uno de seguridad. Desde la organización sindical se ha subrayado la gravedad de que este tipo de conductas sigan ocurriendo en el ámbito laboral penitenciario.
Asimismo, la entidad ha insistido en que estos incidentes no deben ser catalogados bajo ningún concepto como simples faltas disciplinarias o regimentales de menor relevancia. Para respaldar la magnitud del problema, el sindicato ha recuperado estadísticas elaboradas por Marea Blava que abarcan desde enero de 2022 hasta septiembre de 2026.
Durante dicho periodo temporal, los registros contabilizan un total de 513 episodios de violencia dirigidos específicamente hacia las funcionarias que desempeñan su labor en prisiones. De esa cifra total, 51 casos corresponden de manera directa a situaciones de violencia sexual de índole física.
Ante este escenario, SICAP ha puesto de manifiesto la opacidad existente por parte de la Administración en lo relativo a la gestión y esclarecimiento de estos expedientes. En este sentido, la organización critica la ausencia de transparencia sobre las investigaciones abiertas y las medidas implementadas para salvaguardar a las afectadas.
Como consecuencia directa de la gestión preventiva, la entidad ha exigido formalmente la dimisión de Domingo Estepa, director general de Asuntos Penitenciarios. La petición de cese se sustenta en la falta de adopción de medidas idóneas para evitar la proliferación de estos ataques contra las empleadas públicas.
Paralelamente, el sindicato ha reclamado el despliegue de una asistencia integral para la trabajadora que ha sufrido la agresión, además de la depuración de las responsabilidades penales pertinentes. La organización ha manifestado un respaldo absoluto a la funcionaria perjudicada durante todo este proceso.
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