El colectivo juvenil S’ha Acabat! ha presentado un documento estratégico que recopila catorce medidas orientadas a defender la unidad nacional, la soberanía y el marco constitucional frente al desgaste institucional acumulado en las últimas legislaturas. La organización ha trasladado sus demandas a las principales formaciones políticas para exigir compromisos firmes en materia educativa, judicial y territorial. «Son unas medidas que hemos tomado de manera rigurosa, escuchando las peticiones de los jóvenes al final y, sobre todo, viendo cómo está la situación actual del país», subraya el presidente de la asociación, Hugo Escarpa, en una entrevista en el canal de YouTube de elCatalán.
Entre los ejes prioritarios del documento destaca la abolición de los modelos de inmersión lingüística obligatoria en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. La entidad reclama implantar un sistema de libre elección de lengua vehicular en los centros educativos para garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes y cumplir con las resoluciones judiciales. «No podemos obligar a los alumnos y a las familias castellanohablantes a que en los colegios se imparta íntegramente en catalán, ni prohibirles hablar en castellano en los patios y los recreos», denuncia Escarpa.
En el ámbito judicial, la organización juvenil aboga por restaurar la separación real de poderes y erradicar la politización de los órganos de justicia. El presidente de S’ha Acabat! incide en que los nombramientos institucionales no deben responder a cuotas partidistas del Gobierno de turno. «Tienen que ser los jueces quienes elijan a los jueces y, al final, la justicia tiene que ir separada de la política», señala Escarpa al respecto.
Las propuestas también abordan la situación de la seguridad nacional y la representación institucional de formaciones relacionadas con el terrorismo. El colectivo exige la ilegalización inmediata de EH Bildu y una revisión exhaustiva de la ley de partidos para impedir que organizaciones que no condenen la violencia accedan a las instituciones públicas. «En cualquier democracia normal, en cualquier país del mundo, no sería lógico que unos condenados por terrorismo, o simplemente personas que no condenan la violencia, puedan tener cabida en ninguna institución», afirma el dirigente juvenil.
Asimismo, el documento demanda la supresión de subvenciones públicas a asociaciones que realicen enaltecimiento del terrorismo y la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Para Escarpa, estas normativas generan divisiones artificiales entre los ciudadanos y deben ser reemplazadas por marcos normativos neutrales. «Pedimos que se revise la ley de partidos de forma exhaustiva y que los partidos que no alcancen el porcentaje mínimo no puedan tener cabida», añade sobre la modificación del umbral electoral.
En materia de infraestructuras, S’ha Acabat! reclama un plan urgente de modernización y supervisión de las redes ferroviarias estatales, especialmente las gestionadas por Renfe. La asociación denuncia los reiterados incidentes y retrasos que afectan gravemente a la movilidad diaria de los ciudadanos. «No puedes salir de casa un día sin saber si vas a poder volver, tienes que vivir con normalidad en un país que dice tener infraestructuras modernas», argumenta Escarpa sobre la necesidad de conectar eficientemente todo el territorio.
La política territorial y exterior ocupa un lugar central en la hoja de ruta presentada por el colectivo, con especial atención a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La organización exige blindar las fronteras meridionales de España y rechaza el uso de los territorios autonómicos como moneda de cambio en negociaciones políticas con formaciones separatistas. «Ceuta y Melilla no son la puerta sur de Europa, son la frontera sur de Europa y hay que defenderla desde España y desde Europa», recalca el presidente de la entidad.
El ámbito universitario constituye otro de los frentes críticos señalados por la asociación debido a la persistencia de actos de acoso y violencia contra colectivos constitucionalistas en los campus. S’ha Acabat! demanda la neutralidad ideológica de las instituciones académicas, la protección efectiva de la libertad de expresión y la retirada de fondos públicos a los grupos violentos. «Queremos que las universidades vuelvan a ser el templo de la palabra, que vuelva a tener prestigio el estudiar en una universidad pública», manifiesta Escarpa.
De cara al horizonte político inmediato, la asociación subraya que estas reivindicaciones deben ser asumidas de forma explícita por las fuerzas políticas de carácter constitucionalista. El colectivo insiste en que la sociedad civil organizada cumple una función esencial, pero recae en los partidos la responsabilidad de ejecutar las reformas necesarias. «Vamos a reunirnos con los partidos políticos para que entren dentro de sus programas electorales, que las respalden, que las hagan suyas y que, al final, las hagan efectivas una vez lleguen al gobierno», explica el dirigente.
Finalmente, Escarpa hace un llamamiento a la movilización ciudadana y a la participación electoral responsable para propiciar un cambio profundo en la gobernabilidad del Estado. La organización considera indispensable superar la actual etapa política mediante propuestas rigurosas y una gestión orientada al bienestar general. «Hay que votar a los dos partidos que apuestan por el cambio y sacar a Pedro Sánchez del gobierno», concluye el presidente de S’ha Acabat!.
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