En Cataluña, la política lingüística vuelve a situarse en el centro del debate público, no ya como herramienta de cohesión, sino como campo de confrontación institucional. La reciente posición del Partit dels Socialistes de Catalunya frente a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a eliminar que el catalán sea la única lengua usada en las escuelas catalanas es indignante.
La AEB, la entidad que acudió a los tribunales, exige que la sentencia se cumpla, y hace bien en pedirlo. El PSC elude su cumplimiento inmediato para contentar a sus socios separatistas, que han hecho de la eliminación del español de las escuelas una prioridad política.
El fallo del TSJC no es una novedad súbita, sino el resultado de años de litigios en torno al modelo de inmersión lingüística. Desde el PSC se insiste en preservar el modelo vigente, apelando a su supuesto éxito en términos de integración y cohesión social. Pero esa defensa, en la práctica, se traduce en una resistencia a aplicar una sentencia firme, lo que sitúa al partido en una posición incómoda: la de cuestionar, de facto, la primacía del Estado de derecho cuando sus conclusiones resultan políticamente inconvenientes.
No es una cuestión menor. En un sistema democrático, las resoluciones judiciales no son sugerencias, sino mandatos. Y eludir su cumplimiento mediante fórmulas administrativas o interpretaciones flexibles no deja de ser una forma de vaciar de contenido la propia decisión judicial. La línea que separa la autonomía política del desacato institucional es, en estos casos, más delgada de lo que algunos parecen dispuestos a admitir.
El fondo del debate trasciende, además, la mera aritmética de porcentajes lingüísticos. Lo que está en juego es el reconocimiento efectivo de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, una comunidad donde el bilingüismo social contrasta con un modelo educativo que, según sus críticos, ha tendido al monolingüismo en catalán. La sentencia del TSJC buscaba precisamente corregir esa asimetría.
Resulta paradójico que sea un partido que se reivindica constitucionalista el que adopte ahora una posición más cercana a las tesis de quienes han hecho de la singularidad lingüística un elemento de diferenciación política. La ambigüedad del PSC en este asunto no solo genera incertidumbre jurídica, sino que alimenta la percepción de que los derechos individuales pueden quedar supeditados a equilibrios políticos coyunturales.
Mientras tanto, las familias que han reclamado una educación bilingüe efectiva siguen a la espera de que sus demandas encuentren una respuesta clara. No en forma de declaraciones, sino de hechos. Porque en última instancia, la fortaleza de un sistema democrático se mide también por su capacidad para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluso —y sobre todo— cuando hacerlo resulta incómodo.
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