Cerremos los medios de comunicación públicos

Según los datos de la FORTA, cada hogar español dedica 98,8€ de media al año para pagar la televisión pública. A diferencia de otros servicios como NETFLIX o HBO no podemos escoger, lo pagamos sí o sí con nuestros impuestos.

La existencia de medios públicos se suele justificar invocando a su rol de servicio público. Según ellos mismos, sus bondades incluyen servicios tan curiosos como “promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural“, “contribuir a la conservación de la cultura territorial y el fomento de la identidad comunitaria”, “potenciar el uso de las lenguas cooficiales”, “fomentar la cohesión social y la pertenencia territorial” o “garantizar la información objetiva, veraz y plural”.  Estos “servicios” suenan más a objetivos de una anticuada ingeniería social que a la demanda de los ciudadanos en el siglo XXI.

Estos últimos meses, por si hiciera falta, hemos tenido otra muestra de un uso aberrante de los medios públicos. En Cataluña se han utilizado descaradamente como instrumentos de propaganda del independentismo y como herramienta para enfrentar a unos catalanes contra otros.  Pero debemos admitir que desde ya hace muchos años tanto TV3 como TVE y sus emisoras de radio, por poner dos ejemplos ejemplo, han sido utilizadas en gran medida para favorecer los mensajes e intereses de los partidos que los controlan en cada legislatura.

La demanda de los ciudadanos de información, entretenimiento, cultura o educación están ya más que cubiertas por infinidad de medios privados y no solo televisión o radio.  A la enorme oferta de televisión y radio actual, con decenas canales hay que añadir la prensa o los medios digitales que atraen a un cada vez mayor número de consumidores. Si alguna vez los medios públicos tuvieron sentido, hoy ya no lo tienen y cada día que pasa, menos.

Llevamos muchos años soportando estoicamente que se derroche nuestro dinero. Ahora ya sin duda, comprobamos que los medios públicos no solo son soporíferos sino que pueden ser incluso peligrosos para los propios ciudadanos. Es hora de cerrarlos, todos.

Por Jordi Patau.

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