Ni un céntimo de dinero público para una consulta ilegal

Siguen las buenas noticias para los constitucionalistas catalanes. Al fin el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que refuerza el control sobre el gasto de la comunidad autónoma de Cataluña para evitar que la Generalitat destine dinero público a la consulta ilegal que pretende organizar el 1 de octubre.

La orden por la que se ha publicado el acuerdo informa que se han tomado medidas adicionales de control para  garantizar la prestación de los servicios públicos “en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las leyes”. El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es un mecanismo adicional de financiación que se puso en marcha para paliar la falta de acceso de las comunidades autónomas a los mercados.

Pero el FLA no se creó ni para fiestecitas secesionistas, ni para conculcar las leyes vigentes en un país democrático como España. El dinero era para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. El montar una consulta ilegal no lo es. Bienvenidas sean estas medidas de control, y ojalá se lleguen a aplicar para evitar que la Generalitat de Puigdemont malverse el dinero de todos los españoles.

 


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