La cacareada y debatida condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña no es una medida económica. Es una espada de Damobles y un nuevo y descarado impuesto que recaería sobre los hombros de todos los españoles. Esta decisión premiaría a la comunidad autónoma que más ha derrochado – la Cataluña del procés y el postprocés – y castigaría a las que gestionaron con más rigor.
La Cataluña secesionista ha sido una máquina de gasto incontrolado. Los sucesivos gobiernos independentistas malgastaron el dinero del FLA en fines puramente políticos y propagandísticos. El dinero prestado se dilapidó en TV3, en subvenciones a medios de comunicación afines y en la red de ‘embajadas’ en el exterior.
El despilfarro también se dirigió a comprar voluntades internas. Se financió a numerosas asociaciones adictas que trabajan activamente para erradicar el español como lengua de uso social. Se invirtió en un sistema de inmersión lingüística que está destrozando la formación académica de varias generaciones de escolares catalanes.
Otro destino de estos fondos fue el aumento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra, una fuerza policial que se ha ido transformando en una policía política al servicio de la Generalitat. Para el separatismo catalán o vasco, el Gobierno de Sánchez siempre tiene la caja abierta.
En contraste, cuando se trata de mejorar la asistencia sanitaria en Extremadura o de fortalecer los servicios de dependencia en Castilla y León, el Ejecutivo solo ofrece excusas y recortes. Los derechos de los españoles no importan si no sirven a la causa de la supervivencia de Sánchez.
Al Gobierno del PSOE le es indiferente la igualdad de derechos entre españoles. Su única obsesión es utilizar las arcas públicas como una chequera para comprar los votos en el Congreso que le permiten seguir en el poder. La estabilidad de Sánchez es más importante que la justicia territorial.
Ya es hora de poner fin a esta vergonzosa dinámica. La Generalitat de Cataluña no puede seguir recibiendo parches presupuestarios en forma de regalo constante. Esta política de apaciguamiento solo alimenta las exigencias y el chantaje separatista.
La vicepresidenta Montero, si tuviera un mínimo de altura de Estado, actuaría de otra manera. Si pensara en el futuro del país, en lugar de ser una mera sierva de la corte del Faraón Sánchez, buscaría un consenso. Debería negociar con las comunidades gobernadas por el PP para crear un sistema de financiación autonómica que fuera justo y equitativo para todos.
Esta condonación sería la consolidación de un modelo injusto que premiaría la deslealtad y el derroche. La factura la pagarían los ciudadanos de comunidades que sí han sido responsables. Una nueva prueba de que Sánchez estaría dispuesto a sacrificar la igualdad de los españoles por mantenerse un día más en el Palacio de la Moncloa.
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