El separatismo y sus aliados socialistas distinguen entre el catalán, etiquetado como «lengua propia de Cataluña», y el español, que queda reducido a la lengua de los supuestos «colonos». Para ser aceptado por este sector, no solo basta con dominar el catalán. Lo esencial es abrazar la idea de que esta lengua confiere una personalidad superior a la española.
El requisito primordial es aceptar el catalán como la única lengua legítima, la que debe regir todos los ámbitos, desde la esfera privada hasta la institucional. Usar el español es visto, en la práctica, como una traición a la verdadera catalanidad. De ahí la preocupante vigilancia sobre qué idioma emplean los niños incluso en los recreos y parques.
La presión para imponer el catalán va mucho más allá de las aulas. Se extiende a los comedores o incluso los lavabos escolares. Además, la Generalitat de Salvador Illa mantiene una extensa red de «comisarios lingüísticos». Su misión es presionar a los docentes para que usen el catalán como única vía de comunicación con los alumnos y sus padres. Y perseguir a los comerciantes o dependientes que hablen en español: ahí está la delación lingüística y el señalamiento en redes a cargo de entidades generosamente subvencionadas por el PSC como Plataforma per la Llengua.
En el ámbito laboral, el catalán funciona como una constante herramienta de chantaje social. Los socialistas, que se han erigido en campeones de esta persecución lingüística, esgrimen dos argumentos clave. El primero es la supuesta defensa de los «derechos lingüísticos» de los catalanoparlantes.
Bajo este paraguas, se puede obligar a un ciudadano español a hablar catalán en una Comunidad Autónoma española. El artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los españoles a usar el castellano, queda así anulado. Se impone el miedo, las amenazas en redes y las sanciones si un comercio rotula o atiende solo en español.
Es fundamental recordar que la Constitución solo establece la oficialidad de las demás lenguas españolas en sus Comunidades, según sus Estatutos. No contempla la preeminencia del catalán como «lengua propia» ni sus supuestos «derechos lingüísticos». Para el PSC y sus socios, la Carta Magna es solo un obstáculo cuando contraviene su estrategia política.
El catalán se instrumentaliza también como una herramienta de dominio en la administración pública. Un opositor de cualquier otra parte de España requiere acreditar un alto nivel de catalán para optar a una plaza fija en Cataluña. De ahí la continua exigencia de elevados requisitos lingüísticos – a menudo, en ayuntamientos gobernados por el PSC – para acceder a empleos públicos como jardineros, operarios o trabajadores de limpieza. En contraste, un catalán puede acceder a puestos públicos en el resto del territorio nacional solo con el español.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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