El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha emergido como la figura política más relevante del Partido Popular en Cataluña, logrando captar la atención de los medios nacionales. Su firmeza contra la inseguridad y las ocupaciones ilegales ha obligado a situar este problema en el centro del debate, un hito que pocos líderes constitucionalistas en la región han conseguido.
La capacidad de Albiol para pasar a la acción es un revulsivo en una comunidad azotada por una creciente crisis de seguridad ciudadana. Este deterioro es el resultado directo de la gestión de fuerzas políticas que han priorizado la impunidad y la desobediencia selectiva a la ley.
La izquierda radical y el separatismo han fomentado un clima de permisividad. Esto incluye la desobediencia total de la CUP, la postura ambigua de ERC y Comunes, y el oportunismo evidente del PSC. La sensación de que retorcer la legalidad es una práctica política asumida ha calado hondo.
El problema de fondo en Cataluña es que el desafío a la ley es frecuentemente ensalzado como un acto de «heroicidad». Bloquear un aeropuerto internacional es visto por los partidos en el Govern como un mérito, no como un grave delito. Este ambiente de barra libre es un imán para la delincuencia.
No es casualidad que la Barcelona de Jaume Collboni se haya consolidado como el paraíso de la venta ambulante ilegal, los robos violentos a turistas y los ataques con arma blanca a plena luz del día. Cuando las formaciones más votadas tienen líderes prófugos o indultados por sedición, el mensaje de impunidad es total.
El descontrol se extiende a la segunda ciudad catalana, L’Hospitalet de Llobregat, gobernada por el socialista David Quirós donde la quema de vehículos y contenedores es habitual. La criminalidad y el vandalismo alcanzan cotas extremas, y barrios como La Florida, Collblanc, Bellvitge o Torrassa son auténticos polvorines sociales dado que los vecinos están hartos de la inactividad municipal.
Frente a este paraíso de la ilegalidad, el alcalde Xavier García Albiol ha decidido poner pie en pared en Badalona. Su estrategia se basa en un apoyo material, humano y, sobre todo, político, incondicional a la Guardia Urbana y al resto de cuerpos policiales.
La clave de la política anti-delincuencia de Albiol es simple y efectiva: dotar de medios a los agentes – recientemente les ha dotado de las táser que el alcalde socialista Collboni racanea a la policía local de Barcelona – y asegurarles el respaldo político total de sus superiores. Esto está sucediendo en Badalona, permitiendo aumentar los desalojos de ocupaciones y frenar la sensación de anarquía.
Los resultados no serán milagrosos a corto plazo, dada la herencia de gobiernos anteriores de la CUP y el PSC que convirtieron la ciudad en una zona sin ley. Pero la apuesta por la persecución del delito y el fin de la impunidad dará frutos visibles en un tiempo razonable.
El éxito de Albiol debería servir de ejemplo. Es urgente que otros alcaldes catalanes, más allá de su ideología, abandonen el discurso de la «percepción de inseguridad alentada por la derecha extrema y la extrema derecha» y se centren en la seguridad de sus ciudadanos. Lamentablemente, la querencia del PSC, ERC y Junts por retorcer la legalidad hace muy difícil esperar un cambio de rumbo en sus municipios.
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