El triunfo de Salvador Illa y el PSC en Cataluña se presentó como el final del procés. Sin embargo, el análisis de los nombramientos y las decisiones de la Generalitat en el año largo que llevan gobernando los socialistas sugiere lo contrario: la agenda nacionalista no ha muerto, sino que ha encontrado un vehículo más eficaz. El secesionismo, roto en su fachada, ha sido absorbido y potenciado por el partido que se postulaba como alternativa.
El movimiento de Illa parece ser una operación de rescate y redefinición del separatismo, camuflada bajo la bandera socialista. La estrategia pasa por mantener y hasta elevar a cuadros del anterior Govern de Esquerra Republicana (ERC) a posiciones de máxima influencia. Esto no es normalización, es una peligrosa inmersión.
Un ejemplo claro es la Consejería de Política Lingüística, pieza central en la marginación del español. Illa ha situado al frente a Francesc Xavier Vila, quien ya ejercía esa función con Pere Aragonès, simplemente con un ascenso de secretario a consejero. El mensaje es inequívoco: se mantiene la política de exclusión lingüística de la Generalitat.
Lo mismo sucede en el ámbito de Cultura, un área fundamental para el discurso nacionalista. La consejera es Sonia Hernández, también procedente de un alto cargo en la administración de Aragonès. Se confirma así la línea de preservar los mecanismos que excluyen todo lo que se perciba como español de la vida pública catalana.
La conexión con el núcleo duro del soberanismo es patente en otras áreas. Miquel Samper, que fue consejero de Interior con el ultranacionalista Quim Torra, ahora es consejero de Empresa y Trabajo. El poder no ha significado para Illa una ruptura, sino una continuada asunción de perfiles con historial independentista.
La mayor sorpresa y preocupación reside en la Consejería de Interior. La actual responsable es Núria Parlon, conocida por ser la única socialista que dimitió de la Ejecutiva Federal del PSOE en protesta por el apoyo a la aplicación del artículo 155. Es un perfil de marcado sentimiento nacionalista al mando de los Mossos d’Esquadra.
Parlon legitimó la reinstauración del general Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana durante el golpe de Estado del 1-O, como director general. Esta decisión es una clara señal de complacencia hacia quienes tuvieron un papel clave en los momentos más tensos de la ruptura constitucional. La supuesta «vuelta a la normalidad» se apoya en los protagonistas de la excepcionalidad.
En el plano económico, la vicepresidenta Alicia Romero, conocida por su línea nacionalista dentro del PSC, es la encargada de negociar la mal llamada «financiación singular». Este eufemismo esconde la concesión de un concierto económico que implica un expolio fiscal al resto de las comunidades autónomas españolas. La negociación, apadrinada por Pedro Sánchez, culminará un desmantelamiento de la solidaridad interterritorial.
La cuota de procés no se limita a los despachos. El nuevo consejero de Justicia y Calidad Democrática es Ramon Espadaler, quien organizó la pseudoconsulta ilegal del 9-N como consejero de Interior. Poner la «calidad democrática» en manos de un responsable de referéndums ilegales es una burla al Estado de Derecho que Illa avala sin complejos.
Salvador Illa ha viajado a Perpiñán para estrechar los lazos con la ‘Catalunya Nord’ del separatismo y aumentó las subvenciones a entidades francesas que defienden el pancatalanismo, sigue abriendo nuevas ‘embajadas’ de la Generalitat por todo el mundo y mantiene el tono separatista de TV3 con personajes como Peyu, Joel Díaz, Magí García, Jair Dóminguez, Óscar Andreu, Óscar Dalmau o Juliana Canet.
El verdadero peligro es que, a cambio de la presidencia, Salvador Illa aceptó una hoja de ruta que permite al independentismo lograr lo que no pudo por sí mismo: que el Gobierno central desmantele las estructuras del Estado en Cataluña. El procés sigue vivo, pero mutado, y ahora es el PSC, con el aval del PSOE, quien se encarga de que la presencia de lo español en la comunidad se acerque a cero.
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