Sobre el control del gasto público en Cataluña

Foto: Miguel Lorenzo

Si esto se hubiera hecho, como corresponde, hace varios años, no hubiéramos llegado hasta aquí. Hace ya tiempo que propuse, y me llevé un montón de improperios por ello, lo siguiente, en el ámbito de la relación entre la Unión Europea, los Estados miembros y las, en “nomenclatura” europea, regiones:

“…Por otra parte, cabe también destacar la nueva constitucionalización de los instrumentos de control financiero y presupuestario, a partir entre otros, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, firmado el 2 de marzo de 2012, en el ámbito intergubernamental, concretando las obligaciones de los Estados del euro (y de los que sin formar parte del mismo se avienen a integrarse en este Tratado), que están dirigidas a garantizar la estabilidad presupuestaria y el control del déficit público. En el Tratado se obliga a los Estados signatarios a incorporar la denominada “regla de oro” en su sistema jurídico interno mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante para todas las administraciones públicas (nacionales, regionales y locales) y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional. Todo ello incide en las relaciones entre parlamentos. Es importante al respecto señalar que la efectividad de estas obligaciones está sujeta al control del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea (subrayo, por lo que diré después, que la Comisión Europea ejerce una función de supervisión en este ámbito).

España realizó una reforma constitucional, introduciendo la “regla de oro” en el art. 135 de la Constitución, siguiendo el modelo alemán, como hicieron también otros Estados miembros. Este artículo ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, vinculando a todas las administraciones públicas, es decir, la del Estado, la de las Comunidades Autónomas, la de las entidades locales y la Seguridad Social, así como al resto de entidades públicas sea cual fuere la forma jurídica de las mismas .

En este punto sería muy importante, sin entrar en este momento a discutir la mayor o menor corrección de esta normativa, a la que considero manifiestamente mejorable, regular con mayor precisión las formas de control del déficit que se ejerce sobre los Estados, especialmente por parte de la Comisión Europea. Tal como está configurado, este control es mucho más cuantitativo que cualitativo, lo que puede comportar graves problemas, sobre todo cuando las desviaciones han sido originadas por la actuación de las entidades regionales, puesto que, en el marco del Derecho de la Unión, se imputan a los Estados miembros. Por ejemplo, tenemos serias dudas sobre cómo se ha generado el déficit en Cataluña, existiendo fundados indicios de la existencia de desviaciones de fondos hacia la financiación del “proceso hacia la independencia”, en detrimento, además, de las políticas sociales ; se crean, con discutible base competencial constitucional, la Agencia Tributaria de Cataluña y se convocan centenares de plazas de funcionarios para ponerlos a su servicio; se crean, con los impuestos de la ciudadanía, lo que se denominan “estructuras de Estado” manifiestamente inconstitucionales, que son suspendidas por el Tribunal Constitucional sin que muchas veces se consigan hacer efectivas las resoluciones de este tribunal, a la espera de que se pronuncie la sentencia sobre el instrumento de ejecución recientemente incorporado a su Ley Orgánica .

Desde esta perspectiva, se tendría que distinguir, por parte de la Comisión, entre responsabilidades estatales sobre sus propias políticas, exclusivas y compartidas, en su parte alícuota, y las responsabilidades generadas por las entidades regionales en relación con las competencias exclusivas de estas entidades y su parte alícuota en las compartidas con el Estado. Para ello sería necesario ampliar las regulaciones existentes, tanto europeas como nacionales y regionales, aplicando también en este caso el principio de subsidiariedad en la responsabilidad. No olvidemos, tampoco, que en las pasadas elecciones algunas fuerzas políticas llevaban en sus programas la supresión del art. 135 de la Constitución y que otras, por todo tipo de motivaciones, han venido repitiendo demasiadas veces la consigna de que en Cataluña estaríamos mucho mejor fuera de Europa, fuera de España y fuera del euro.”

(Extraído del texto de mi intervención en la Fundación Gregorio Marañón, en el coloquio organizado por Carme Chacón a principios de 2016, que va a ser publicado próximamente. De ello hace ya más de un año, pero… ¡Cuesta mucho hacerse oír!).


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