El CAC no debería existir. Que desde el mundo de la política se dicte qué es ‘bueno’ o ‘malo’ en el mundo audiovisual es innecesario. Para dictaminar si una radio o una televisión se han excedido ya están los tribunales. Pero en Cataluña hay cierta pulsión controladora por parte del nacionalismo transversal que durante décadas ha dominado el Parlament. De ahí que se mantenga un ente que sirve, desde el poder, para intentar controlar a los medios díscolos.
Dado que existe, hay que exigirle que haga su labor con independencia y respeto al pluralismo. Pero se ha convertido en la pesadilla de los periodistas no nacionalistas y en el protector de los que usan los medios de comunicación para esparcir la semilla del odio y la división entre catalanes. Si eres un ‘opinador’ secesionista podrás difundir cualquier barbaridad sin apenas coste. Si eres constitucionalista andarás con un punto de mira permanente sobre tu cabeza.
Por suerte hay tres consejeros que, aunque acostumbren a quedar en minoría, debido a que el presidente, por supuesto nacionalista, tiene voto de calidad, intentan defender la pluralidad de los medios de comunicación públicos y que no se produzcan abusos en el seno del CAC: Carme Figueras, Daniel Sirera y Eva Parera. Al menos, siempre nos quedará el derecho al pataleo y a protestar.
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