¿Quién nos roba a los catalanes?

Hace algún tiempo que venimos observando como el actual Govern de la Generalitat no está dedicado, ni parece interesado, en trabajar en interés de los ciudadanos de Catalunya, lo que constituye su función. En los últimos días hemos presenciado cómo rodaban las cabezas de Consellers y Altos Cargos – esta semana conocemos la preocupante destitución, camuflado de dimisión, del Director General de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle – que tenían el decoro de prestar cierta atención a sus responsabilidades, salvaguardando, de alguna manera, la dignidad de sus cargos.

Asistimos a un espectáculo en el que, los dirigentes del Govern de la Generalitat se dedican, exclusivamente, a preparar, promover, blindar y financiar con los recursos de todos nosotros un proyecto carente de cualquier garantía democrática y gravemente lesivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos por discriminatorio, impuesto, oculto y envuelto por el secretismo. La perversión es máxima al pretender presentarlo en un halo de victimismo y democracia material.

Al igual que hoy podemos ver estos movimientos preparatorios de un enfrentamiento que los secesionistas provocan y, paradójicamente, atribuyen a la postura inmovilista del Gobierno de España, también estos días hemos conocido, a través del diario ABC, cómo hace casi tres años, el 29 de septiembre de 2014, el Departament de Presidència de la Generalitat, concretamente el “fichaje” de Mas, Joan Iglesias Capella –quien había sido jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña- pagaba, del dinero de todos los ciudadanos, 21.659 de euros para el servicio público” consistente en la elaboración de un Estudi de la Gestió Duanera a Catalunya (sic).

En el auge de la crisis económica y en un momento social convulso a causa de los recortes económicos en gasto social, ¿era correcto tirar el dinero de todos para concretar un proyecto que más de la mitad de los catalanes hemos rechazado expresamente emprender? Pero, es más, cabe preguntarse si es lícito, por un lado destinar a usos ajenos a la función pública los caudales puestos a cargo de la autoridad o funcionarios por razón de sus funciones o, incluso, si autorizar esos gastos puede suponer el dictado de una resolución arbitraria por un funcionario o autoridad a sabiendas de su injusticia.

En este punto cabría preguntarse: ¿quién nos roba a los catalanes?

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